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Se “judicializan” campañas electorales en el estado

Nada personal/Pablo Ruiz Meza

La “judicialización” de las campañas electorales en el estado es un signo inequívoco de que se cierra la competencia por la gubernatura, por la alcaldía poblana y el Congreso local. ¿Por qué se han judicializado?, porque interviene el Poder Judicial y las autoridades encargadas de perseguir delitos.

La procuración e impartición de justicia no está vedada durante los procesos electorales, y la persecución de delitos no está sujeta a ningún calendario electoral, pero llama la atención la coincidencia y el uso político electoral para golpear a candidatos y partidos contendientes, para incidir en los votantes.

Por ejemplo. Sin prejuiciar su inocencia o culpabilidad, una instancia del Poder Judicial local dejó sin efecto un amparo contra una orden de aprehensión contra al candidato opositor a la diputación federal, José Juan Espinosa Torres.

El presunto delito por el que pidió la protección de la justicia federal es el relacionado a una acusación en 2018 por supuesto enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero.

La decisión de dejar sin efecto un amparo y reactivar la cumplimentación de la orden de arresto corrió a cargo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al revocarlo.

Espinosa Torres declaró que reavivaron ese juicio por temas de coyuntura electoral, pero aclaró seguirá con su campaña; no será nada extraño que en cualquier momento sea detenido y enviado a prisión.

En meses previos al proceso electoral, el exdiputado local y exalcalde de San Pedro Cholula reapareció de manera pública en 2023 para asegurar que se exilió porque era un “perseguido político” por el gobierno del extinto Miguel Barbosa.

En octubre de 2020, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó ante la Fiscalía General del Estado dos denuncias en contra de José Juan Espinosa Torres por presuntos delitos cometidos durante su gestión como presidente municipal de San Pedro Cholula en los periodos fiscales de 2015, 2016 y 2017, (El Sol de Puebla).

Declaró a su regreso de su obligado “exilio”, que abandonó el estado para seguir en libertad, y hasta se refirió muy bien del gobernador sustituto:

“Ahora en Puebla quiero aprovechar este mensaje para solidarizarme con el gobierno que encabeza Sergio Salomón, noto y soy testigo y prueba fiel de que en Puebla nunca más se ejercerá el poder para lastimar la libertad y la dignidad de miles de familias”, (Hipócrita Lector).

Todo indica que, en los acuerdos no escritos con el gobierno estatal, extrajudiciales, claro, Espinosa Torres tomó una ruta política con la oposición.

Hasta la fecha, sigue bajo sospecha, por la opacidad judicial, bajo qué criterios jurídicos los juzgadores liberaron a muchos exservidores públicos que estaban en diferentes prisiones, y por una amnistía de facto, la gran mayoría dejó la prisión, y esos mismos reaparecieron del lado del oficialismo. Qué coincidencia, ¿verdad?

En otro caso, el de la priista Tania Félix N., todo indica había un seguimiento a ella, de sus familiares o personas con las que se relacionaba, y que presumiblemente incurrieron en la comisión de delitos.

Tania N., junto con cinco personas más, fueron sometidos a la medida de prisión preventiva justificada, y el 12 de este mes se sabrá si son vinculados a proceso por siete delitos.

Será el juzgador quien determine el grado de intervención de la candidata a diputada en los presuntos delitos que se le atribuyen; lo que es incontrovertible es la cantidad de fotografías de la ahora candidata presa, portando armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El modo, lugar y momento de la acción de las corporaciones policiales para ejecutar un operativo para detener a la candidata suplente priista, es un hecho incuestionable; el sospechosismo es el uso político que juega en las elecciones, pero los grupos delictivos son muchos en el estado…

Lo que sí fue garrafal fue la declaración desafortunada de la presidenta de la CDE del PRI y candidata titular a la diputación, Delfina Pozos Vergara, al salir a la defensa de la detenida, arguyendo la presunción de inocencia y poner en duda la legalidad de la detención.

Pozos Vergara, a quien le faltan tablas y asesores para hacer frente a esta crisis, tuvo que tragarse sus palabras porque un día después, sin dar la cara, mediante un comunicado, el PRI se “deslindó” de Tania N., pero el daño estaba hecho:

“El actuar de las personas es individual, no de una institución ni de miles de priistas que se manejan diariamente de manera correcta, lo anterior por el caso de Tania “N”., quien está enfrentando un proceso del cual nuestro instituto político no es parte”. Vaya torpeza.

X@pabl_ruiz

Face: Pablo Ruiz Meza

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