La prevención y persecución de los delitos como los homicidios dolosos no pasan por su mejor momento en el estado. Por ahora, con base en las evidencias, es la delincuencia la que gana más terreno y ventajas, que deja mal parados a los encargados de la seguridad pública y de la procuración de justicia.
Los hechos delictivos hablan por sí solos, son incontrovertibles, pero en la medida que ocurren con más frecuencia, son un indicador de la falta de estrategia de las autoridades para inhibirlos.
Si bien persisten los delitos del fuero común, como los robos en vivienda, asaltos a los usuarios del transporte público, a transeúntes, el hurto de autopartes y vehículos; de forma alarmante se incrementan los delitos de alto impacto.
Los homicidios dolosos, por ejemplo, registran un ascenso en lo que va de este año en Puebla.
Con base en el reporte diario del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de asesinatos contabilizados al 28 de abril es de 90, que superan los 84 ocurridos en todo marzo.
La cifra más alta es de 11 homicidios dolosos cometidos justo el 28 de abril, y en este mismo mes escalaron de cuatro, cinco seis y nueve crímenes en distintas fechas del referido mes.
El caso más lamentable es el número de muertos en un enfrentamiento entre policías estatales y delincuentes en una comunidad de Chignahuapan, en la Sierra Norte, donde perdieron la vida cuatro uniformados y tres delincuentes.
Más allá de las consabidas condolencias de las autoridades a los deudos por la caída de los policías en el cumplimiento de su deber, la sociedad espera una explicación de las debilidades y fortalezas de los uniformados para hacer frente a grupos delictivos.
Por las razones que sean, la realidad es que los resultados están siendo adversos a la corporación estatal de seguridad pública, porque apenas hace poco más de un mes fue asesinado por la delincuencia un policía que estaba suspendido, sujeto a una investigación.
Fue por una filtración periodística, intencionada o no, como se conoció extraoficialmente que el policía estatal asesinado en la plaza comercial Periplaza “estaría ligado al robo de vehículo con carga y al tráfico de migrantes”.
Este hecho refleja el agravamiento de la inseguridad pública con el aumento de más delitos cometidos por grupos delictivos que han diversificado sus actividades ilícitas.
Los homicidios dolosos, la extorsión, el cobro de piso, el narcomenudeo, el tráfico de migrantes, el robo al transporte de carga, el huachicol, las desapariciones forzadas y los feminicidios, son parte del catálogo de los delitos que corren a mayor velocidad a una sociedad poblana indefensa.
Con ocultar la realidad, las autoridades no van resolver el grave problema de la inseguridad pública en el estado, porque han preferido el silencio y promover distractores para ocultar derrotas y yerros frente al avance de la delincuencia.
El desaliento por la falta de proyectos viables y sensatos de los respectivos proyectos en materia de seguridad pública no alimenta buenas esperanzas de un cambio a favor de la paz y la seguridad de las familias.
En el peor de los casos, los habitantes del estado tendrían que transitar por rutas como por las que transitan pueblos enteros en estados como Michoacán, Guerrero, Chiapas, Morelos, Guanajuato… gobernados y sometidos por la delincuencia.
Nada garantiza hoy, en plenas campañas de renovación de la gubernatura, el Legislativo y las presidencias municipales, que después de junio haya un cambio radical para lograr la seguridad de las familias poblanas frente al asedio de la maldad de la delincuencia, por mucho que se le otorgue el beneficio de la duda a los gobernantes que resulten electos.
