En condiciones de normalidad democrática del proceso electoral, el debate ciudadano y en el círculo rojo deberían ser las propuestas de los candidatos y candidatas, pero no ocurre así. Y como dicen los expertos en los temas mediáticos, atraen más la atención las notas “malas” que las “buenas”, y justo en las campañas electorales locales ganan más terreno las “malas”.
Hoy la polémica y el debate está en los últimos acontecimientos relacionados con presuntos actos ilegales relacionados con violencia política y delictiva.
Me refiero a los hechos violentos ocurridos durante este proceso electoral relacionados con candidatos como lo sucedió en Acatzingo, Ajalpan y Puebla; en el primer caso, con un homicidio doloso.
Pero han levantado ámpula las presuntas amenazas de muerte contra los candidatos opositores a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, y a la alcaldía poblana, Mario Riestra Piña.
Se debate hoy en los medios de comunicación, y en las charlas de café, si lo ocurrido a los opositores son “montajes”, “mentiras” y “victimización”, porque no le ven el “móvil político”.
Todo está en manos de la Fiscalía General del Estado y esa ruta debe seguir para esclarecer los hechos, sin que sea manoseada la indagatoria para darle otro sesgo que favorezca cualquiera de las versiones.
Una de las hipótesis de lo ocurrido en el fraccionamiento donde vive Rivera Pérez, divulgado por la contraparte de los opositores, es que los dos agresores detenidos, un hombre y una mujer de origen colombiano, están relacionados con actividades ilícitas de los préstamos “gota a gota”.
Que, en efecto, los agresores acudieron al domicilio de vecinos de la residencia de Eduardo Rivera para cobrarse una deuda, al estilo de los delincuentes.
Afirman que lo declarado por el candidato de la amenaza es un montaje, relacionado este con aquella frase de “esperamos al político para darle un plomazo en la cabeza”.
Argumentan como prueba que se trató de presuntos delincuentes dedicados a la extorsión con los préstamos, porque fueron detenidos por la Policía Municipal capitalina cuando los sujetos llegaron a una gasolinera a cargar combustible.
Es la narrativa de una de las partes, pero son los agentes investigadores de la FGE quienes conocen de lo ocurrido porque han rendido sus respectivas declaraciones las víctimas y los agresores.
Justo relacionado a la indagatoria, Rivera Pérez ha declarado en diversas entrevistas en medios nacionales que obra en autos lo declarado por una de sus vecinas respecto a las amenazas vertidas por los delincuentes en contra de él.
Mientras que de manera paralela los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD acudieron a la Fiscalía General de la República a presentar una segunda denuncia contra el exdiputado federal, Eukid Castañón Herrera, a quien asocian las amenazas contra los candidatos opositores.
Este tipo de hechos de violencia política enrarecen el ambiente electoral en el estado en la recta final de las campañas, para culminar en una situación de mayor tensión en la jornada comicial del 2 de junio.
Un agregado a este entorno de violencia y de presencia de la delincuencia, no se puede soslayar la aprehensión en la colonia Tres Cruces de una candidata suplente a la diputación federal por el PRI, Tania N., durante un operativo de la Marina, GN y Policía Estatal.
A la priista la relacionan con actividades como delincuencia organizada y presuntamente en operativos simultáneos en Puebla y Cholula, confiscaron armas largas y estupefacientes, delitos federales indagados por autoridades judiciales.
