Cuando la arrogancia y la soberbia permean en Palacio Nacional y en el movimiento de la 4T en el tema de desapariciones, hoy México está en la escena internacional generando una nueva polémica para el gobierno federal.
El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó remitir la situación de México a la Asamblea General a fin de evaluar medidas de apoyo para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
Ante esta recomendación, la reacción en el oficialismo y oposición fue inmediata, el primero para desacreditar como dejó constar la propia Claudia Sheinbaum al rechazar el informe y puntualizar que no se tomaron en cuenta los avances institucionales recientes; en el segundo, las fuerzas personajes opositores se sumaron a las críticas para demandar la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH.
Fue el pasado 2 de abril, cuando el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en su informe refiere que hay indicios de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Esto generó una nueva tensión en la escena política mexicana debido a las reacciones de diversos sectores.
En primera instancia, Claudia Sheinbaum afirmó en dos ocasiones su rechazo al informe del comité y sostuvo que no es un órgano directo de la Organización de las Naciones Unidas, sino que es un grupo de expertos vinculado a la misma.
La residente de Palacio Nacional argumentó que este grupo analizó hechos ocurridos entre 2009 y 2017, proyectando sus conclusiones de forma indebida hasta 2025, y cuestionó el informe por no reconocer las acciones emprendidas por su administración omitiendo sus avances institucionales.
Mientras el partido oficialista respaldó la postura de CSP, a través de la líder la nacional de Morena al que se sumó el coordinador del partido en el Senado, Ignacio Mier, para calificar el informe como “fuera de la realidad, tendencioso y sesgado”.
A su vez, la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, reiteró que no se toma en cuenta las acciones realizadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación y demandó errores en la clasificación de los casos, generando una “confusión conceptual”.
La gris y opaca Comisión Nacional de Derechos Humanos, en voz de la ombudsman Rosario Piedra Ibarra, argumentó que se ignoró el peso de la nombrada “Guerra contra el Narco” realizada durante la gestión del expresidente Felipe Calderón, precisando que el informe está sesgado.
Ante las críticas, el presidente del comité, Juan Pablo Albán, respondió que no son un grupo externo de la ONU, sino un organismo oficial elegido por los propios Estados para vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales.
Es válido diferir, pero cuestionó las descalificaciones. Además, insistió en que su labor es independiente de cualquier presión política y recordó que, el objetivo urgente debe ser fortalecer la búsqueda de las víctimas.
Con el posicionamiento del oficialismo, líderes de la oposición se sumaron a las críticas, como fue el caso del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, quien acusó opacidad del gobierno, y destacó que prefieren descalificar los informes y ocultar las cifras reales.
Las voces críticas también salieron desde las filas panistas en el Senado, Marko Cortés llamó al gobierno federal a abrir canales de colaboración con el comité; mientras que por otro, Lilly Téllez, condenó la postura de la CNDH a través de un punto de acuerdo.
La bancada naranja en la Cámara de Diputados no se quedó atrás y propuso soluciones más drásticas. La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, solicitó la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, y advirtió con iniciar un juicio político por “encubrimiento y negligencia”.
