En el actual régimen de la Cuarta Transformación, los datos personales y la privacidad se terminaron, están expuestos al público con fines electorales o vulnerables ante la delincuencia. Empezaron con la CURP como único medio de identificación personal, incluso por encima de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).
A esta medida de control de la identidad de las personas se suman el padrón de telefonía que obliga al registro del chip con el control a través de la CURP, el INE y comprobante domiciliario.
La medida es coercitiva, no voluntaria, porque de no hacerlo (de enero a junio en este 2026), las respectivas compañías telefónica cancelarán el servicio de telefonía celular.
No suficiente con ello, el régimen de la 4T controla los datos personales al extenderlo a la credencialización del Sistema Universal de Salud.
En el primer caso del padrón de telefonía, el objetivo del gobierno es “reducir la delincuencia” con teléfonos móviles.
La credencialización del Sistema Universal de Salud involucra a los derechohabientes asegurados y a sus familiares que cuentan con seguridad social, así también como aquellos que no están asegurados.
En un mismo banco de datos, el gobierno tendrá en su poder la información personal de los asegurados y sus dependientes económicos, lo mismo del IMSS, ISSSTE e ISSSTEP (para el caso de Puebla) y las instituciones de seguridad social en los estados.
La credencialización universal de salud es parta la población en general que acude a los servicios de salud gratuitos en los estados, ahora concentrados en el sistema de atención IMSS-Bienestar.
Si los asegurados del IMSS (por ejemplo) se sentían tranquilos con el resguardo de sus datos personales y de sus familiares en el Seguro Social, ahora estarán a resguardo de las instituciones de salud de los estados y la federación.
En el caso de los chips de telefonía, en Puebla y en otros estados del centro del país, en el comercio informal, con un tufo de control de bandas delictivas, ya los venden en $27; varios chips -dicen los vendedores- han sido registrados en compañías telefónicas, publicó el diario El Universal.
Así es que la delincuencia ya se le adelantó al gobierno, porque esos chips ilícitos los proveen a los delincuentes para cometer delitos como la extorsión, y ese cuento del padrón de telefonía móvil en posesión del gobierno con candados de ciberseguridad, es un cuento chino.
Aparecen ya chips en el mercado negro de telefonía a nombre de la presidenta Sheinbaum, porque son las empresas telefónicas las que registran con la CURP, INE y comprobante de domicilio, así es que ese padrón está vulnerado de inicio.
De las credenciales del Sistema Universal de Salud, los datos personales en manos del gobierno corren riesgos de ser vendidos como ha ocurrido con el padrón electoral.
Sheinbaum asegura que el padrón de telefonía móvil en manos del gobierno “es confiable porque existen los mecanismos para evitar que estos datos caigan en manos equivocadas”.
Unas de las manos equivocadas puedes ser el mismo gobierno que ha utilizado los datos de la UIF y el SAT para exhibir a personas, difamarlas o perseguirlas, lo mismo a opositores y que a periodistas.
Cuando era oposición, la izquierda repudiaba que gobiernos del PRI pretendiera imponer la Cédula Única de Identidad y el registro de vehículos automotores.
En la década de los ochenta alegaban que tales medidas eran policiacas, propias de gobiernos fascistas y de dictaduras.
Quién garantiza a los ciudadanos que esos datos personales no terminarán en manos de la delincuencia que ha infiltrado a gobiernos, a las policías y a las fuerzas armadas; en el peor de los casos, con el riesgo de utilizarse con fines electorales o persecutorios.
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