La comparecencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, ante el Congreso local estuvo marcada por críticas directas de legisladores de oposición. La titular del organismo fue citada después de que su informe anual de 2025 se entregó únicamente por escrito y sin un ejercicio previo de rendición de cuentas pública.
Ante diputadas y diputados, expuso que existen 32 expedientes abiertos que podrían activar el Protocolo de Estambul en centros penitenciarios federales y estatales.
Indicó que estas acciones se acompañaron de 139 visitas de supervisión a los 17 centros de reclusión que operan en el estado.
En materia legislativa, confirmó que la Comisión optó por no impugnar la reforma al delito de ciberasedio aprobada en julio de 2025.
Asimismo, informó que se dictaron ocho medidas cautelares contra Agua de Puebla por quejas vinculadas al suministro de agua potable.
En su balance anual, reportó 9 mil 9 solicitudes de intervención, con 8 mil 563 quejas formales y 6 mil 691 expedientes concluidos.
Al concluir la sesión, Sánchez Soya evitó a los medios de comunicación, mientras la diputada panista Susana Riestra calificó su gestión como omisa y carente de atención efectiva a las quejas ciudadanas.
