El gobernador Alejandro Armenta fijó una postura clara frente al transporte público irregular, sentenciando que quien no cumplió con la modernización deberá asumir las consecuencias legales. El mandatario afirmó que un vehículo sin permiso vigente ni condiciones adecuadas no puede garantizar seguridad, y que permitir su circulación expone directamente a las familias usuarias del transporte.
Rechazó que el programa de regularización tuviera un objetivo recaudatorio, al recordar que se ofrecieron incentivos, reducción de cargas administrativas y esquemas de financiamiento para renovar unidades.
Armenta subrayó que las acciones del gobierno se enfocaron en apoyar a concesionarios con una o dos unidades, quienes dependen directamente del servicio para su ingreso diario.
En contraste, señaló que los grandes concesionarios, con decenas o cientos de unidades, cuentan con los recursos necesarios para cumplir sin respaldo gubernamental.
El gobernador concluyó que el orden en el transporte público es una condición básica para la seguridad y que las unidades irregulares no tendrán espacio en el sistema.
