La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó dos iniciativas ante el Congreso del Estado de Puebla, una para establecer un mecanismo de operación del Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias y otra para reactivar el seguro de vida para las personas servidoras públicas del Gobierno estatal.
Durante la rueda de prensa del Poder Legislativo, la legisladora explicó que la propuesta relacionada con las obligaciones alimentarias busca identificar a quienes incumplen con el pago de pensiones y fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Suriano Corrales señaló que, aunque existen disposiciones para impedir que las personas deudoras alimentarias y quienes aparecen en el padrón de personas violentadoras participen en determinados procesos de selección de candidaturas, las autoridades electorales no siempre cuentan con información completa al momento de revisar las solicitudes de registro.
Ante esta situación, planteó que la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes participe en la operación del registro y emita los lineamientos correspondientes. La propuesta contempla que las autoridades judiciales de Puebla remitan mensualmente los datos necesarios para mantener actualizada la información.
Entre los datos que se integrarían se encuentran el nombre de la persona deudora alimentaria, las iniciales de la persona acreedora, los datos del expediente judicial y el monto del adeudo. La iniciativa también plantea coordinar este mecanismo con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, bajo las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales.
De acuerdo con la propuesta, cuando la persona deudora cubra el monto pendiente, la autoridad judicial competente podrá cancelar su inscripción de oficio, siempre que no exista una oposición fundada de la persona acreedora.
La segunda iniciativa está relacionada con la reactivación del seguro de vida para trabajadores del Gobierno del Estado de Puebla. La diputada explicó que busca actualizar la legislación vigente desde 1991 y recuperar una prestación que, de acuerdo con la exposición de motivos, lleva años sin aplicarse de manera efectiva.
El proyecto establece una cobertura obligatoria de 40 mil pesos, financiada mediante una aportación de 15 pesos quincenales por trabajador, descontada directamente de la nómina.
También propone que cada persona servidora pública designe a sus beneficiarios mediante una póliza por duplicado, con la posibilidad de modificar esa designación en cualquier momento. El plazo para reclamar el seguro sería de tres años, contados a partir del fallecimiento o de la determinación de incapacidad de la persona trabajadora.
Para administrar los recursos, la iniciativa contempla la creación de una Junta con representación de los tres poderes del Estado y de organizaciones de trabajadores. El fondo podría invertir sus recursos en instrumentos de bajo riesgo, con liquidez y respaldo federal.
Además, la propuesta considera que las personas pensionistas puedan conservar el beneficio, siempre que continúen realizando las aportaciones correspondientes.
Ambas iniciativas deberán seguir el proceso legislativo correspondiente para su análisis y eventual aprobación. Por el momento, los planteamientos presentados por Suriano Corrales no representan disposiciones vigentes, sino propuestas para modificar el marco legal y establecer nuevos mecanismos de operación.
