Los escándalos de corrupción en Segalmex, del huachicol fiscal y el INE, inevitablemente llevan a un personaje: Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de un deslinde quirúrgico del gobierno del segundo piso de la 4T con el político tabasqueño, y no importan los medios, sino los fines.
La prensa independiente y crítica al oficialismo hizo su trabajo porque tuvieron acceso a los indicios –video– del conflicto de interés entre Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas.
La expresidenta del organismo electoral y el beneficiario de los contratos del INE y los OPLES, fueron acorralados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Cerró la pinza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para quitar del arbitraje de las elecciones federales y locales de junio de 2027 a los obradoristas.
La enamoradiza Taddei es una pieza de López Obrador para tomar por asalto el Instituto Nacional Electoral, luego de haber echado a Lorenzo Córdoba y a su equipo.
Al expresidente AMLO, el impoluto político del clan de Tabasco, le están cobrando las facturas, y una de sus nefastas herencias de corrupción, Guadalupe Taddei, ya marchó.
Blanca Cruz García, expresidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, es una pieza de la Cuarta Transformación, ligada a Morena, y a los negocios del tórtolo empresario Alfredo Casillas: 126 mdp del IEE Puebla a la empresa del “consejero”… de Taddei.
Desde el centro del país se ha ordenado limpiar de corrupción al INE y a los organismos electorales de los estados, y empezará a caer la estructura de control de López Obrador.
La ASF investiga al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como empresas, personas servidoras públicas y proveedores que se encuentren relacionados.
En este golpe a la corrupción obradorista en Segalmex, el contrabando de combustible y el esquema corrupto de la presidenta del INE, la UIF juega un papel trascendente.
No hay que regatear los méritos periodísticos de los empresarios regiomontanos dueños del El Norte y Reforma, ni mucho menos a Latinus y El Universal, mencionados por Sheinbaum y AMLO en la lista negra como la prensa opositora, pero es evidente que no fueron reporteros los autores de los videos difundidos de las reuniones privadas de Taddei con su “proveedor”, incluido el video grabado en París al hijo de la sonorense.
Los únicos con esa capacidad de tecnología para interceptar mensajes y videollamadas en la nube de los dispositivos móviles son las áreas de inteligencia del Estado.
Sólo instituciones con la capacidad para seguir las cuentas bancarias y negocios con una orden judicial -o sin ella- de empresas beneficiarias de millonarios contratos, es la misma Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Va le pena recordar las reformas legislativas que le dieron atribuciones a la UIF para fiscalizar, sin orden judicial, actividades financieras sospechosas de incurrir en ilícitos.
Para fortuna de Guadalupe Taddei, correrá con la misma suerte de protección e impunidad de Ignacio Ovalle, el autor del robo en Segalmex.
Será protegida igual que Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación; que Rubén Rocha Moya, el narcogobernador de Sinaloa; que Andrés Manuel Andy López Beltrán, el mismísimo AMLO, el extitular de la Semar, Rafael Ojeda o el excomisionado del INM, etcétera.
No pisarán la cárcel ni se deslindarán de ellos, pero ya están cercados, debilitados, a un paso del ostracismo.
Si acaso le abrirán carpetas de investigación a los chivos expiatorios, en el caso del INE, al galán y encantador empresario proveedor de Taddei.
Face: Pablo Ruiz Meza
