Para los diputados del Congreso local dominado por Morena y partidos aliados, la prioridad en la aprobación de la “ley casco” fue la recaudación de ingresos.
Un padrón vehicular de más de 250 mil motocicletas -más que lo que aumente en los próximos años- se convirtió en el pastel apetitoso para aumentar los ingresos fiscales.
Dos gastos adicionales tendrán los contribuyentes: el reemplacamiento de las motocicletas y la inscripción del código de identificación solo en cascos, para unos, y casos y chalecos para otros.
Le reforma la Ley de Movilidad del estado obedeció más a criterios recaudatorios, que los temas sustantivos como la seguridad de los usuarios y la cultura vial para una mejor convivencia con automovilistas y peatones.
El pretexto para obligar a marcar los cascos con la identificación del código de identificación de los vehículos fue la presunta comisión de delitos con el uso de motocicletas.
Las autoridades solo suponen que con el código en los cascos de los motociclistas podrán reducir el índice delictivo, lo que es falso a todas luces.
Miles de delitos en el metrópoli poblana y en el resto del estado se cometen en vehículos automotores de cuatro ruedas, y con esa lógica, las autoridades deberían obligar a los automovilistas también colocar en el toldo los números de identificación.
Como ha ocurrido en otras ciudades y otros países, la medida del tatuaje en los cascos no resolvió los problemas de inseguridad pública, como ocurrió en Colombia, y de plano fue desechada por improcedente en Ciudad de México.
Los delincuentes lo mismo clonan códigos y vehículos, que robarse las motocicletas y los casos para cometer delitos. La incompetencia en seguridad se la endosaron a los motoristas.
Los diputados locales de Morena y aliados, que solo reciben órdenes y las cumplen sin quitarle una coma a las iniciativas, dejaron a un lado temas de seguridad con equipos de protección de los motoristas.
Les preocupó más imponer el código en los cascos, que el casco cumpla con los estándares de calidad para la protección de los motociclistas, que solo por cumplir, utilizan cascos protectores de ínfima calidad, sin que cumplan la norma oficial.
Les importó un bledo a los legisladores los altos índices de mortandad por los accidentes de motociclistas; la vida de los conductores los tiene sin cuidado, sino más bien les interesa la recaudación fiscal.
Lo mismo omitieron en la reforma las sanciones en el cumplimiento de los reglamentos de tránsito para los motoristas, que, por el volumen del parque vehicular y el aumento a las ventas de este vehículo, que se venden sin ningún criterio de cumplimiento en el equipo de seguridad y conocimiento de las reglas viales.
Lo aprobado en el Congreso del Estado con la imposición de la Ley Casco o la ley chaleco a motociclistas, es un capricho recaudatorio para la hacienda estatal, criminalizando a los motoristas, estigmatizados, violándoles los derechos humanos.
Puebla vive un verdadero estado de excepción, donde se estigma a las personas, se les criminaliza, se les violentan los derechos humanos y se vulnera la libertad de expresión.
La incompetencia de las autoridades para abatir la inseguridad pública la endosaron a los motoristas, con el estigma de “motosicarios”, un pretexto para engrosar ingresos fiscales.
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