Es difícil ser indiferente ante la tragedia que viven miles de familias víctimas directas y colaterales de la violencia ligada a la delincuencia.
Los homicidios dolosos y las desapariciones son sinónimos de muerte: 199 mil 619 asesinatos y 115 mil personas desaparecidas en el sexenio de AMLO.
En las morgues del país hay más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, sin que el gobierno les haya restituido el nombre. (Proceso 24-9-24).
Esta semana, en de medio de las protestas y reclamos del 8M, se reveló de la existencia de un crematorio clandestino del crimen organizado en el estado de Jalisco.
El sábado 8 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores compartió en sus redes sociales el hallazgo de alrededor de 400 prendas de vestir, mochilas, libretas, medicamentos, entre otros.
Se referían al Rancho Izaguirre ubicado en el municipio de Teuchitlán, a más de 50 kilómetros del centro de Guadalajara, utilizado como centro de reclutamiento forzoso e incineración de cadáveres en hornos crematorios, como lo utilizados en los campos de exterminio nazi.
Con estos hechos terroríficos, no hay manera de que las autoridades gubernamentales y los mexicanos no puedan sentirse ofendidos de que un gobierno vecino clasifique a estos cárteles como “organizaciones terroristas”.
Es inadmisible e increíble que un presidente de México, el mejor de la historia de esta país -según sus seguidores- se haya pronunciado por el respeto a los derechos humanos de los delincuentes y le haya otorgado todo tipo ventajas para delinquir, al amparo de los “abrazos y no balazos”.
Cientos de miles de viudas y viudos, huérfanos (as), esposos (as) madres y padres, hermanos y amigos víctimas directas y colaterales de la violencia criminal de la delincuencia organizada.
Sufrimiento y muerte en vida de padres, madres, hermanos, hijos, esposas, amigos, cuñados, vecinos de otros tantos de cientos de miles de mexicanos y mexicanos desaparecidos.
Cómo ser indiferentes ante hechos sangrientos y de terror ocurridos en el territorio poblano, como el resto del país, de personas asesinadas e incinerada en automóviles en sitios altamente transitados como la autopista México-Puebla, frente al C5 y en zonas habitacionales como en Santa María Xonacatepec.
Es obvia la diferencia entre desaparecer restos humanos en crematorios como los localizados por buscadoras de desaparecidos en Jalisco y la incineración de cadáveres en autos incendiados para imponer el terror, pero es el mismo terror de muerte criminal.
Es dantesco para la sociedad poblana que ha perdido la capacidad de asombro las prácticas inhumanas de los delincuentes de desmembrar y cercenar los cuerpos de sus víctimas, depositar los restos en lugar públicos para “escarmiento” de sus rivales y sembrar el terror.
Lo ocurrido en territorio poblanos con el hallazgo de los cuerpos desmembrados de nueve jóvenes tlaxcaltecas privados de la libertad en Huatulco. Oaxaca por presuntos policías que los entregaron a un grupo criminal, es una de muestra de la cruda realidad, en este clima de muerte en México.
Le antecedió a este multihomicidio el doble crimen de dos policías municipales en Bosques de San Sebastián, al norte de la ciudad capital, lo que confirma el poder de fuego y presencia de la delincuencia.
Puebla, como el resto de entidades, enfrentan las consecuencias de una postura negligente con un fuerte tufo de complicidad, de la permisibilidad impune de grupos delictivos.
El descubrimiento de buscadores de desaparecidos de un crematorio del crimen organizado en Jalisco para desaparecer a sus víctimas, con la complicidad del gobierno, demuestra la gravedad de la existencia de narcogobiernos.
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