Con la reforma constitucional enviada por Andrés Manuel López Obrador que prohíbe el uso de vapeadores y cigarros electrónicos, aprobada por la Cámara de Diputados de mayoría morenista, deja en estado de indefensión sanitaria a unos cinco millones de consumidores.
La enmienda la Carta Magna contempla en las leyes reglamentarias la penalización con cárcel y multas a quienes comercialicen y consuman esos productos proscritos.
De esta manera el gobierno de López Obrador, que envió la iniciativa, y el acatamiento del oficialismo que controla el Poder Ejecutivo y Legislativo federal, echaron a los vapeadores a las garras del crimen organizado que controla “mercado negro”.
Cifras oficiales contenidas en la misma iniciativa de reforma calculó en unos cinco millones de personas entre 12 y 65 años de edad que alguna vez usaron un vapeador, y ubica como un mercado cautivo por el uso regular, a 975 mil personas.
En este universo de consumidores, cerca de 500 mil adolescentes son usuarios de cigarros electrónicos y 300 mil de población adulta.
El mercado ilegal de vapeo en el país se rige por el control del narcotráfico, dejando a los consumidores en total estado de indefinición sanitaria y la proliferación de productos altamente nocivos sin ninguna regulación, incumpliendo elos deberes del Estado de proteger a ciudadanos.
INTERÉS DE LA 4T EN HACER PREVALECER EL TABAQUISMO
A pesar de tener una fijación con el sistema de salud de Dinamarca, López Obrador no aprendió nada de ellos.
Mientras que en el país vikingo que tanto admira optó por regular y utilizar el cigarro electrónico como herramienta para combatir el tabaquismo con la finalidad de reducir la carga de enfermos a su sistema de salud, López Obrador tomó el camino más fácil: la prohibición en México.
Para la comunidad del vapeo el cigarro electrónico reduce por completo la combustión, minimizando el daño en los usuarios. Es ahí donde reside la diferencia entre fumar y vapear, uno produce combustión y el otro no.
El cigarro electrónico nació con un solo objetivo: ayudar a la gente a dejar de fumar y para muchos países ha sido una gran solución para enfrentar el tabaquismo, ejemplo son Dinamarca, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Portugal, entre otros, argumentó la organización ProVapeoMéxico, que no fueron escuchados por los legisladores y el gobierno federal.
En esos países europeos siguieron una lógica muy simple: es más barato cuidar a un consumidor de nicotina a un fumador, ya que el tabaquismo está rodeado de enfermedades degenerativas de lento proceso, produciendo una severa carga al gasto de los sistemas de salud pública.
Es aquí donde en México aparecen las mayores incongruencias: ¿por qué tener mano dura contra un producto que ayuda a combatir al tabaquismo y no combatir al tabaquismo? ¿Cuál es el interés que uno prevalezca sobre otro?, se pregunta la agrupación ProVapeo.
Se trata de preguntas que la comunidad del vapeo, porque aclaran no están en contra de la regularización de estos productos, al contrario, han solicitado a las autoridades que hagan su trabajo y pongan las reglas para poder consumirlos con los parámetros adecuados; “como así dejan fumar, que así dejen vapear”.
La comunidad del vapeo ha reiterado la práctica de impedir que los menores de edad tengan acceso a estos productos, así como insistir que nunca se pierda el objetivo del vapeo como herramienta para dejar de fumar, y no ser el puente para empezar a ser un fumador.
Se ha lamentado esta comunidad del vapeo que las autoridades no permitieron que especialistas en el tema de cigarros electrónicos, como la organización ProVapeoMéxico, participara en foros y debates.
PROHIBICIÓN FAVORECE AL CRIMEN ORGANIZADO
López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo le entregaron jugoso negocio de vapeadores y cigarros electrónicos a la delincuencia.
Para no dejar duda del beneficio a los delincuentes, elevaron a rango constitucional la prohibición del vapeo, que incluyen multas y cárcel a los comercializadores y consumidores.
La medida favorece el “mercado negro” del vapeo en poder de los cárteles mexicanos, quienes ya lo controlan en diferentes regiones del país, como ocurre con la venta de cigarros ilegales en el mercado subterráneo.
Contra los traficantes de cigarros ilegales en México, los gobiernos de la 4T no han realizado ninguna acción u operativo de combate a ese delito, como una medida de protección al crimen organizado, pese al alto costo a la salud pública por las graves consecuencias a consumidores.
Fiel a su estilo maniqueo, López Obrador envió la iniciativa de reforma constitucional en febrero de 2024, relacionado a uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores con la producción, distribución de fentanilo y demás drogas sintéticas.
LA 4T PROTEGE A COMPAÑÍAS TABACALERAS EXTRANJERAS
Otro de los beneficiarios de la absurda medida cuatrotera son las grandes compañías cigarreras que siguen intocables pese al grave daño a salud por tabaquismo, empresas que veían como competencia en el mercado de consumo el cigarro electrónico y el vapeo.
En México cada día fallecen 118 personas a causa del tabaquismo: 43 mil 246 muertes al año que podrían ser evitadas.
El consumo de tabaco provoca 16 mil 408 casos de cáncer y 94 mil 033 infartos y hospitalizaciones por enfermedad cardiaca, de acuerdo con una investigación el Instituto Nacional de Salud Pública.
En el país hay 15 millones de fumadores, de los cuales, 684 mil (5%) son adolescentes de 12 a 17 años.
Contra el consumo el cigarro lícito e ilícitos, para hacer frente a este problema de salud con magnitudes epidémicas, México suscribió en 2023 con la OMS el convenio para el control del tabaco, eliminando las distintas formas que adopta el comercio ilícito: contrabando, la fabricación ilegal, la falsificación, la venta a menores y la venta por unidad. Pero todo sigue exactamente igual.
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