Para Andrés Manuel López Obrador, como presidente; el partido oficial y los integrantes del “movimiento” de la 4T, fueron suficientes los testimonios de delincuentes protegidos que de oídas se enteraron de los vínculos de Genaro García Luna, y fue suficiente para que lo sentenciaran en EU. Empero en la defensa del gobernador con licencia de Sinaloa, para negar sea extraditado a EU y enfrentar un juicio por vínculos con el cártel de Sinaloa, exigen al Departamento de Justicia de la Unión Americana, “pruebas contundentes”.
Con todas las evidencias de la alteración y manipulación de la escena del crimen donde fue asesinado el diputado federal Héctor Melesio Cuén Ojeda, no existe ninguna indagatoria.
El homicidio ocurrió el día de la privación de la libertad y entrega de Isamel El Mayo Zambada por Los Chapitos, llevado vía aérea a EU para entregarlo al FBI.
El gobierno de López Obrador no inició ninguna investigación judicial contra Rocha al estar implicado en el caso de la “extracción” de Zambada y del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y líder del Partido Sinaloense Cuen Ojeda.
Reitera Sheinbaum Pardo la exigencia al Departamento de Justicia de EU de la aportación de pruebas contra Rocha, cuando le correspondía a la Fiscalía General de la República (FGR) en la gestión de AMLO y en la actual, investigar a Rubén Rocha.
A pesar de figurar el nombre y los apellidos del gobernador de Sinaloa morenista en la carta pública del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada donde explicó que acudió citado por Los Chapitos para servir de mediador entre Rocha Moya y Cuén Ojeda, la FGR no lo llamó a declarar ni integró la carpeta de investigación.
Tampoco la Fiscalía General del Estado de Sinaloa investigó a la fiscal local ligada a Rocha Moya quien alteró la escena del crimen del exrector de la UAS, de una manera vergonzosa, y la señora fiscal dejó el cargo y goza de impunidad porque la FGR no la investigó.
La elección de gobernador Rocha en junio de 2021 en medio de la acción de los sicarios de Los Chapitos para privar de la libertad a operadores electorales del PRI, PAN y PRD, así como la presencia de pistoleros de la chapiza para robarse boletas y urnas, tampoco es evidencia para la presidenta Sheinbaum.
AMLO no investigó los delitos electorales y penales para proteger la narcoelección fraudulenta en Sinaloa, elección sometida a la amenaza armada y de muerte del Cartel de Sinaloa.
Ahora, francamente demencial, la presidenta argumenta que la autoridad electoral de Sinaloa calificó de legal y válida la elección de junio de 2021 -como lo declaró Guadalupe Taddei, del INE- luego entonces no se acreditó ningún delito electoral en la elección de Rocha. Entones no hubo delito que perseguir. Un verdadero escándalo.
Es sorprendente la capacidad del oficialismo para encubrir los delitos de Rubén Rocha y el Cártel de Sinaloa, en la narrativa de la defensa de la “soberanía nacional” y contra la “injerencia externa”.
AMLO y Sheinbaum tienen toda la razón patriotera de defender a Rocha y la alianza con el Cártel de Sinaloa, porque en nombre de la “soberanía”, así decidieron dirigir el país, con los cárteles mexicanos, con sus narcos, que les han aportado financiamiento y terror de las armas, para cogobernar estados y municipios.
Sheinbaum, Morena y la 4T, en cada acción de defensa del presunto narcogobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, defiende a López Obrador para impedir lo alcance el brazo de la justicia estadounidense, a él y a sus cercanos.
En cada exigencia de pruebas a EU, la presidenta se juega todo para proteger la lista de los extraditables, entre los que figuran más gobernadores con presuntos vínculos con los narcos, lo mismo que secretarios de Estado, legisladores federales y locales, así como presidentes municipales, mandos policiales y cúpulas militares.
Se trata de la peor crisis de un gobierno, un partido gobernante y un movimiento creado por López Obrador que se alió hasta con diablo para hacerse del poder absoluto, y ese diablo es el crimen organizado, y solo están enfrentando las consecuencias, con una debacle que al PRI le llevo 80 años, y a Morena, le llevó menos de una década.
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