En Puebla se identificaron contratos electorales por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, y por 129.7 millones en 2024 y 2025, informó el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra.
Por ello, indicó que el Gobierno Estatal respalda su revisión integral por parte de las autoridades fiscalizadoras.
Los contratos se ubican en el marco de la investigación federal conocida como “Mafia Electoral”, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esta revisa contrataciones electorales por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos, presuntamente vinculadas con una red empresarial que habría operado durante 27 años.
García Parra afirmó que el caso es de interés nacional y requiere investigación, transparencia y rendición de cuentas.
Indicó que el gobernador Alejandro Armenta Mier respalda la instrucción presidencial de esclarecer los hechos y establecer condiciones de certeza para los comicios de 2027.
Lo que señala la investigación
El funcionario explicó que la información presentada por la secretaria federal de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, identifica al menos seis empresas relacionadas con una misma estructura de proveedores, cuyos integrantes habrían participado en contrataciones de organismos electorales.
Según García Parra, los antecedentes se remontan a 1999 y registran un escándalo contractual de 63.7 millones de pesos en el Estado de México en 2005.
También muestran adjudicaciones por más de 2 mil 94 millones de pesos entre 2015 y 2023, y poco más de 646 millones durante 2024 y 2025.
Precisó que Guadalupe Taddei fue designada consejera electoral de Sonora en 2014, durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE), y que llegó a la presidencia nacional del organismo en 2023 mediante insaculación.
Acciones federales
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó recientemente que la revisión permitió identificar el desarrollo histórico del grupo empresarial y sus relaciones con organismos electorales.
Confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, derivadas de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.
García Parra señaló que la investigación debe alcanzar a todos los involucrados y esclarecer los mecanismos de contratación, sin anticipar responsabilidades ni vulnerar la autonomía del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales.
El Gobierno de México contempla supervisión ampliada, participación académica, revisión de procedimientos de contratación, incorporación de más proveedores nacionales y fortalecimiento de los Talleres Gráficos para producir materiales electorales con mayor participación del Estado mexicano.
Control de proveedores en Puebla
El secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, destacó que el estado digitalizó los trámites de registro de proveedores, lo que elimina el contacto directo y, según explicó, reduce posibles espacios de discrecionalidad o favoritismo.
Explicó que el procedimiento permite verificar que las empresas acrediten capacidad técnica, financiera y cumplimiento de los requisitos legales.
Añadió que los órganos internos de control acompañan los procesos de licitación para vigilar su desarrollo y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
La administración estatal informó que su política de transparencia y combate a la corrupción derivó en la separación de 315 personas del servicio público por irregularidades.
