La organización Poder Ciudadano pidió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizar de fondo las impugnaciones presentadas contra la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027 del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que los cambios deben someterse a revisión jurisdiccional antes de su aplicación en los comicios de 2027.
El pronunciamiento se produce ante un proyecto de sentencia relacionado con los expedientes SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026 acumulados, que, de acuerdo con la organización, propone desechar demandas ciudadanas por falta de interés jurídico.
El registro público del TEPJF confirma que los expedientes SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026 corresponden a impugnaciones promovidas por organizaciones civiles contra el acuerdo mediante el cual el Consejo General del INE aprobó la estrategia electoral.
Poder Ciudadano sostiene que desechar las demandas impediría discutir desde la perspectiva ciudadana modificaciones relacionadas con la integración de mesas directivas de casilla, capacitación electoral y selección de supervisores y capacitadores-asistentes electorales.
“No estamos solicitando al Tribunal que anticipe una resolución favorable a nuestra posición. Estamos pidiendo que permita analizar el fondo de las modificaciones”, señaló Gaby Sterling, presidenta nacional de Poder Ciudadano, en el posicionamiento difundido por la organización.
INE redujo tiempos de capacitación
La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027 fue aprobada por el Consejo General del INE el 31 de agosto y constituye el instrumento que establece procedimientos para integrar mesas directivas de casilla, capacitar a sus integrantes y desarrollar las tareas de asistencia electoral.
Entre los ajustes está la reducción de ocho días en los periodos de capacitación: tres días menos en la primera etapa y cinco en la segunda. Este cambio fue reconocido expresamente por el consejero electoral Uuc-kib Espadas durante la sesión en que se aprobó la estrategia. El INE argumentó que busca hacer más eficiente la integración de las mesas y el uso de recursos presupuestales.
Poder Ciudadano cuestiona además otros cambios que, desde su perspectiva, deben ser analizados de manera conjunta por el Tribunal.
Entre ellos menciona la sustitución del anterior referente de revisitas y disponibilidad de personas aptas por un “número óptimo” calculado con información histórica, después del cual podría dejar de buscarse a ciudadanos sorteados que no hayan sido localizados.
También señala modificaciones que permitirían incorporar nuevas secciones con estrategia diferenciada nivel 2 sin autorización previa del Consejo Distrital, así como cambios en la manera de verificar que las personas seleccionadas como funcionarias de casilla no sean servidoras públicas impedidas.
Cuestionan cambios para seleccionar supervisores y capacitadores
La organización también pone atención en las reglas para seleccionar a supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales (CAE).
Según el documento difundido por Poder Ciudadano, la ponderación del examen disminuyó de 60 a 50% de la calificación, mientras que la entrevista aumentó de 40 a 50%.
También cuestiona la eliminación del inicio automático de un procedimiento sancionador cuando una persona aspirante aparezca en el padrón de un partido político y desconozca esa afiliación.
El INE, por su parte, ha señalado que la estrategia incluye mecanismos de supervisión para el reclutamiento de supervisores y capacitadores, actualización de materiales, coordinación institucional y protocolos de inclusión.
Durante la discusión del Consejo General también hubo posiciones partidistas distintas sobre los ajustes. Representantes señalaron tanto la necesidad de conservar controles de imparcialidad como la conveniencia de contar con procedimientos operativos capaces de adaptarse a las necesidades del proceso electoral.
Piden que Tribunal entre al fondo de impugnaciones
Poder Ciudadano argumenta que la discusión no debe centrarse únicamente en la eficiencia administrativa, sino también en determinar si las modificaciones conservan garantías suficientes de certeza, imparcialidad y objetividad.
La organización señaló que su impugnación tiene un alcance diferente al recurso promovido por el PAN, pues asegura que su planteamiento comprende un conjunto más amplio de modificaciones a la estrategia.
La elección federal está prevista para el 6 de junio de 2027 y contempla la renovación de las 500 diputaciones de la Cámara de Diputados, además de los procesos concurrentes correspondientes.
La Sala Superior deberá resolver las impugnaciones y determinar, entre otros aspectos procesales, si las organizaciones promoventes cuentan con legitimación o interés jurídico suficiente para que sus planteamientos sean estudiados de fondo. La presentación de las demandas, por sí misma, no implica que el TEPJF haya determinado que las modificaciones del INE reduzcan la imparcialidad o certeza de la elección.
