La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó en manos de las autoridades federales la revisión de los señalamientos sobre presuntos vínculos entre la diputada federal Nadia Navarro y Antonio Martínez, alias El Toñín. En su conferencia matutina del 17 de diciembre, la mandataria evitó emitir un juicio directo y señaló que cualquier denuncia debe ser analizada por la Fiscalía y el Gabinete de Seguridad.
Sheinbaum sostuvo que, en caso de existir elementos con posible impacto legal, serán las instancias correspondientes las encargadas de determinar si procede una investigación penal.
El tema también generó reacciones al interior del PRI en Puebla, donde su dirigente estatal, José Juan Castro, se pronunció sobre la posibilidad de que se investigue a la legisladora.
El líder priista afirmó que no debe haber excepciones cuando se trata de la aplicación de la ley y que toda persona que incurra en un delito debe enfrentar las consecuencias legales.
Finalmente, enfatizó que la militancia partidista, pasada o presente, no representa ningún tipo de protección frente a posibles responsabilidades jurídicas.
