El informe atribuye esta posición a la presencia de grupos delictivos, a la expansión de mercados ilegales y a la penetración del crimen organizado en instituciones públicas y sectores económicos. El puntaje de criminalidad para México es de 7.68 sobre 10, lo que lo coloca en el segundo lugar del continente americano y en el primero dentro de los países de Centroamérica.
El índice indica que la capacidad del Estado para enfrentar estas conductas sigue limitada. México obtuvo 4.50 puntos en resiliencia, con lo que se ubica en el lugar 111 entre 193 países. El reporte señala que las instituciones no logran prevenir ni desarticular redes criminales con eficacia y tampoco logran recuperarse del impacto que dejan estas actividades.
El documento apunta que el país actúa como un nodo clave de mercados ilegales. La trata de personas mantiene presencia fuerte en estados del sur y en zonas turísticas. La explotación sexual continúa activa y afecta a mujeres, niñas y migrantes. El tráfico de migrantes sigue arraigado en rutas fronterizas, donde operan grupos delictivos con la colaboración de autoridades corruptas.
La extorsión afecta a comercios, actividades agrícolas, sindicatos y funcionarios. El sector aguacatero, la pesca y otras ramas agroindustriales figuran entre las más presionadas. El tráfico de armas continúa impulsado por el flujo que llega desde Estados Unidos y refuerza el poder de fuego de los cárteles.
En el plano ambiental, la tala ilegal avanza en regiones bajo control criminal. Comunidades forestales enfrentan presiones por el control de tierras. El tráfico de fauna figura como uno de los mercados ilegales más fuertes del mundo. El huachicol y la extracción irregular de minerales aportan ingresos constantes a organizaciones delictivas.
La producción de metanfetamina y fentanilo sostiene gran parte del aparato criminal. El informe señala a México como proveedor principal de fentanilo para Estados Unidos. El país continúa bajo influencia de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El documento advierte infiltración criminal en cuerpos de seguridad y control interno de algunos penales, además de la presencia de redes financieras ilícitas y actores extranjeros vinculados a delitos transnacionales.
