El abogado y académico Ernesto Villanueva subraya la obligación de reporteros, editores y dueños de medios de comunicación de verificar datos, fuentes confiables y documentar las publicaciones, para evitar se judicialice la labor periodística.
Llevar ante los tribunales a los periodistas se ha convertido en una práctica en el sector público en el actual régimen como una medida de acallar la critica y censurar la libertad de expresión y del acceso a la información de la sociedad.
Los trabajos de investigación periodística, aquella información recaba y publicada en medios electrónicos, impresos, en portales web y en redes sociales, por exigencia de la redacción periodística y la pulcritud para ofrecer un contenido de calidad, obliga al rigor profesional de reporteros, editores, productores, editorialistas, articulistas, de las mesas de redacción, a las direcciones editoriales, y a los dueños de medios de comunicación, tradicionales o no.
La calidad de la manufactura de los contenidos en la labor profesional es un asunto que se da por asentado en las empresas y medios que hacen periodismo: las fallas, errores y distorsiones es responsabilidad de cada trabajador de los medios de comunicación y de las empresas editoriales, cada uno apechuga los éxitos o yerros.
Pero la labor periodística enfrenta la censura a los contenidos, no porque falten a la verdad o su manufactura es mala y dañen la honorabilidad de personas o de instituciones.
AMLO EMPRENDIÓ LA EMBESTIDA CONTRA PERIODISTAS; LAYDA SANSORES LA REPLICÓ
En este régimen, en siete años del oficialismo, los periodistas y medios de comunicación son perseguidos, criminalizados y llevados ante los tribunales, porque resultan incomodos para quienes desde el poder no toleran la crítica en la forma y manera de gobernar.
Se judicializan a la mayoría de los periodistas y empresas editoriales -salvo las excepciones de los medios afines, los blogueros, “creadores de contenidos” en redes sociales – a raíz de la embestida del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde las conferencias de prensa mañaneras, AMLO estigmatizó con el desprestigio y el desprecio contra empresas editoriales y periodistas con mensajes de odio; no solo los hizo vulnerables, sino blanco de la violencia fisca y verbal.
Con esa línea contra los medios de comunicación, las empresas editoriales y los periodistas enfrentan embates en los estados, y el caso más ilustrativo es Campeche con la gobernadora expriista y ahora de Morena, Layda Sansores San Román.
Este personaje no solo intervino para que un juez de Campeche, bajo sus órdenes, impusiera a una empresa editorial un censor para determinar qué sí y qué no se publicara; y al periodista, el juzgador le prohibió publicar una solo línea ágata que hiciera referencia a la gobernadora.
La primera sentencia judicial para silenciar a un medio de comunicación y a un periodista la dirigió para censurar el diario Tribuna Campeche y al veterano comunicador Jorge González, de 72 años, quien defiende en tribunales su casa por intento de confiscación, su libertad amenazada y su derecho a dese,peñar periodística.
Una de las sentencias judiciales obliga al periodista a entregar, como máximo 30 minutos antes de su publicación, cualquiera de sus textos, y a su diario digital, que haga referencia a la gobernadora para que un interventor judicial revise “no haya nada ofensivo”.
La escalada del gobierno de Sansores en ese estado del sureste se extendió a la empresa Producciones Telemar -Televisión y portal de noticias- al exigir la Fiscalía General del Estado los nombres de reporteros que firmaron una veintena de notas periodísticas, de quiénes autorizaron su publicación, así como del director del medio.
La petición judicial busca ser integrada a una carpeta de investigación por el delito de calumnia, una denuncia más que la gobernadora ha interpuesto para acallar las críticas a su gobierno.
PERIÓDICO DIGITAL E-CONSULTA: JUEZ DE CONTROL DEBE DECLARAR LA NULIDAD DEL JUICIO
En este contexto, es válido abonar a favor de la libertad de expresión y de la calidad de los contenidos del periódico digital E-Consulta.
Está fuera de lugar y es un exceso en Puebla que la FGE lleve a tribunales al periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, con recursos jurídicos injustificados para encubrir el malestar por el contenido de su labor periodística.
Es tiempo de llamar a las partes: a la FGE, al denunciante para desistirse y al periodista Rodolfo Ruiz para que lleguen a un acuerdo de convivencia democrática en las relaciones entre del poder público y el ejercicio periodístico.
En este sentido la justicia debe atender favorablemente la petición formulada por la abogada defensora del periodista Ruiz Rodríguez para que se emita resolución por parte del órgano jurisdiccional en la que se declare la nulidad de las actuaciones desde el auto de inicio de la carpeta de investigación.
Se no acceder a la petición, se cometerá una injusticia por las acciones judiciales posmorten del extinto Miguel Barbosa, alentadas por la entonces directora de Comunicación Social, Verónica Vélez Macuil.
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