Por tercera ocasión, al igual que sus hermanos, los alcaldes de Ciudad Serdán y Tlachichuca, al oriente del estado, el edil de San Nicolás Buenos Aires fue reaprehendido por agentes ministeriales de la FGE, con apoyo de una unidad de la Marina.
Ramiro González Vieyra, al igual que sus hermanos detenidos, han logrado la protección de la justicia federal que los ha exonerado de los presuntos delitos, incluidos los iniciales, de presuntos vínculos con la delincuencia, portación de armas y supuesto narcomenudeo.
Uruviel y Giovanni, alcaldes desaforados por el Congreso del Estado por esos presuntos delitos que demostraron fueron falsos para su detención, fueron reaprehendidos.
En los tres casos, sin ser sentenciados, no existir los delitos, la mayoría de los diputados de Morena y partidos aliados los sustituyeron por concejos municipales.
En los tres casos, los sustituyeron por concejales afines a Morena, pese a tratarse de ayuntamientos donde los elegidos emanaron de Movimiento Ciudadano (MC).
Para retenerlos en prisión, pese a las sentencias federales a su favor, la autónoma Fiscalía General del Estado ha presentado nuevas “acusaciones” débiles, risibles y sin fundamento penal contra los alcaldes, sólo para mantenerlos en prisión.
Así ocurrió en el último caso de la reaprehensión de Ramiro González Vieyra, alcalde desaforado de San Nicolás Buenos Aires, al abandonar la prisión de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez.
Le atribuye la FGE el presunto delito de “abuso de autoridad” porque “de acuerdo con las indagatorias, el 15 de enero de 2025, cuando se desempeñaba como presidente municipal, expidió un nombramiento a una persona a sabiendas de que no cumpliría con las funciones del cargo para el que fue nombrada.
“El imputado presuntamente expidió un nombramiento como Auxiliar Titular del Registro Civil a una persona que, desde noviembre de 2024, laboraba como auxiliar jurídico del Sistema Municipal DIF. Conforme a la investigación, dicha designación se habría realizado a sabiendas de que “no cumpliría con las funciones del cargo para el que fue nombrada” (sic).
El colmo de la “procuración de justicia” de la FGE, informó en un comunicado que la presunta falta cometida el 15 de enero de 2025, “la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción inició la investigación (hasta) el 17 de junio de 2026 y, como resultado de los actos realizados (sic), obtuvo el 17 de septiembre la orden de aprehensión correspondiente por el delito de abuso de autoridad”, y cumplimentó la detención justo el 18 de septiembre, al momento que Ramiro González abandonaba la prisión.
Idamis Pastor, la fiscal General del Estado, ha sido derrotada jurídicamente en los tribunales federales donde ha perdido los casos por carecer de pruebas, incluidas las iniciales contra los tres alcaldes, pero ha recurrido a argucias con acusaciones que rayan en lo inverosímil.
Aun sin la existencia jurídica de elementos probatorios en los procesos que han enfrentado los tres munícipes, y obviamente sin ninguna sentencia judicial porque han demostrado su inocencia, en la narrativa oficial los presentan como alcaldes “delincuentes” o con “vínculos con la delincuencia”, a pesar de ser exonerados por la justicia federal al desvanecerse la causa jurídica por la que fueron detenidos.
Sin duda se deben reconocer acciones y aciertos de la FGE en la persecución de delitos, pero los excesos para utilizar la procuración de justicia por vendettas políticas, es reprobable.
Lo mismo ocurrió con los yerros cometido en casos entre particulares en la disputa por la herencia de la familia Romero, de Tehuacán, donde la procuración de justicia se utilizó para favorecer a una de las partes, a la diputada de Morena Olga Lucía Romero Garci-Crespo, como lo han denunciado los afectados.
Face: Pablo Ruiz Meza
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