El Gobierno de Puebla enfrenta un proceso legal complejo para ejecutar las multas resarcitorias derivadas del caso Accendo Banco, a pesar de que ya existen sentencias firmes de inhabilitación administrativa. La secretaria de Finanzas y Administración, Daniela Pérez, explicó que la aplicación de las sanciones económicas se encuentra detenida debido a los juicios de amparo promovidos por exfuncionarios implicados.
Detalló que María Teresa Castro Corro y José Enrique Girón Zenil recurrieron a la vía federal para intentar frenar tanto el cobro de las multas como las sanciones impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Aun así, sostuvo que la administración estatal mantiene activos los procedimientos legales y no detendrá las acciones emprendidas, pese a las estrategias dilatorias de las defensas.
Respecto a la recuperación del dinero público, señaló que Puebla continúa disputando su lugar entre los acreedores de Accendo Banco, actualmente ubicado en la posición 219 de un total de 407.
Indicó que esta posición fue impugnada con el objetivo de adelantar lugares y asegurar que cualquier activo disponible en la liquidación del banco pueda regresar al erario, mientras avanzan las investigaciones penales con la Fiscalía.
