El crimen organizado apunta a los gobiernos municipales, en algunos sitios ha logrado imponer a sus candidatos; a otros los ha logrado corromper y, en casos extremos, los asesina, concluye el diario nacional; una realidad irrebatible.
Puebla figura en el Top cinco de estados con ese creciente problema de involucramientos de presidentes municipales con grupos delictivos, son parte de esas estructuras o viven bajo la amenaza de la ley del plomo: copelas o cuello (diría el chino).
Municipios como Quecholac, Palmar de Bravo, Tecamachalco, Cañada Morelos, Chichiquila, Quimixtlán, Venustiano Carranza, Ahuazotepec, Chignahuapan, Oriental, Ciudad Serdán, Esperanza… principalmente están ubicados en ese supuesto, y los hay en la mixteca.
Como el cáncer, la enfermedad silenciosa que penetra en los gobiernos municipales, y hace metástasis para corromperlo todo en los ayuntamientos, al extremo de apoderase de los gobiernos municipales, así, como ocurrió con Diego Rivera, en Tequila, Jalisco.
Esa contaminación de lo que ocurre en municipios de Jalisco, el mismo modelo se asomó en el municipio de Oriental al hacerse pública la red de complicidades del empresario cetemista Nazario Ramírez con el alcalde de Oriental de Morena, Fidel Flores Concha.
El presunto transportistas fue detenido por la FGR al ser identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y en la red de relaciones delictivas también involucró a la delegada del Bienestar en Libres, Anallely López Hernández, quien exhibía la vida de lujos.
El alcalde de Oriental Fidel Flores y la exdelegada del Bienestar, militantes de Morena vinculados con el crimen organizado, no fueron llamados a declarar ante ninguna autoridad estatal o federal. ¿Por qué?
No tuvo la misma suerte, Gerardo Cortés Caballero, alcalde con licencia de Cuautempan, postulado por el PT- Morena, acusado de los presuntos delitos de extorsión, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y el robo a transporte de carga.
Ocurrió lo mismo con José Ernesto Fosado Guzmán, regidor de Gobernación en el ayuntamiento de Venustiano Carranza encabezado por el presidente municipal Marco Antonio Valencia Ávila, postulado por la alianza PAN-PRI.
Por esas “sospechas” de presuntos lazos con la delincuencia o ser parte de ella, se persiguió a Juan Lira “El Moco”, en Chignahuapan para impedirle participará en la elección extraordinaria.
Una vez que fue excluido del proceso electoral, cesó la pesquisa judicial para procesar al entonces abanderado de Movimiento Ciudadano. ¿Realidad o ficción?
Antonio Valente Martínez Fuentes, El Toñín, ha sido acusado por el gobierno como un “delincuente huachicolero” y estar tras bambalinas con la alcaldesa Guadalupe Martínez Gerardo, en ambos casos, padre e hija, no cuentan con presuntas carpetas de investigación.
La Secretaría de Marina reportó 27 tomas clandestinas de hidrocarburos fueron localizadas e inhabilitadas en los municipios de Huauchinango y Ahuazotepec -nada nuevo-. ¿Y qué, los alcaldes no están enterados?
Si la FGE denuncia presuntas actividades delictivas de alcaldes, como en el caso de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, y no las comprueba, ¿de qué estamos hablando? ¿Unos sí y otros no?
La detención del alcalde de Tequila, Jalisco; el operativo “enjambre” en Edomex para capturar a ediles vinculados con la delincuencia, y la reciente aprehensión del munícipe de Cuautempan, en Puebla, es una alerta del poder corruptor y control de la delincuencia.
Con base al recuento del diario Reforma, en los últimos 8 años, 25 alcaldes han sido detenidos por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, secuestro y homicidio.
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