El bloqueo de la carretera federal México-Puebla, a la altura de El Cerrito, en San Pedro Cholula, se mantiene durante la mañana de este jueves 5 de noviembre y acumula alrededor de 21 horas de afectaciones viales, luego de que habitantes de pueblos originarios instalaran un plantón para exigir el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el antiguo relleno sanitario operado por Pro-Faj Hidrolimpieza.
La movilización comenzó alrededor del mediodía del miércoles 4 de noviembre, cuando integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, con el respaldo de transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), cerraron la circulación en el crucero de Cerrito de Guadalupe.
Los manifestantes colocaron vehículos pesados, llantas, lonas y una carpa para impedir el paso en ambos sentidos de la vialidad. Desde el inicio de la protesta advirtieron que el cierre sería por tiempo indefinido y que no liberarían la carretera hasta obtener compromisos concretos de las autoridades y de la empresa responsable del relleno sanitario.
Entre sus principales exigencias se encuentran el retiro de maquinaria de Pro-Faj Hidrolimpieza, el relleno de una excavación que permanece abierta en el terreno y la atención de las filtraciones de lixiviados que, según los pobladores, representan un riesgo para el subsuelo y los pozos de agua de las comunidades cercanas.
La protesta se mantiene pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decretó la clausura del relleno sanitario en agosto de 2024. Los inconformes sostienen que las acciones de saneamiento y remediación no se han completado, por lo que reclaman que se atiendan los compromisos establecidos desde las mesas de diálogo.
En medio del conflicto, el Gobierno de Puebla anunció que intervendrá con maquinaria para realizar los trabajos de relleno del socavón y atender las afectaciones ambientales, luego de señalar que la empresa concesionaria incumplió los acuerdos establecidos en marzo de 2026. La administración estatal estimó que estas labores podrían concluir en aproximadamente ocho semanas y advirtió que reclamará a la compañía los costos de la intervención, además de aplicar las sanciones correspondientes.
