El Gobierno de Puebla mantiene bajo revisión el esquema de concesiones heredado desde 2013, el cual, según José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, continúa generando compromisos financieros de alto impacto para el estado. El funcionario afirmó que aquellas administraciones construyeron el “Cártel de las Concesiones”, que permitió contratos ventajosos para empresas privadas y dejó obligaciones a largo plazo que hoy limitan la operación gubernamental.
Uno de los casos más complejos es el del Sistema RUTA, cuyo contrato de concesión aún contempla 29 años por cumplir. Cancelarlo, advirtió, tendría un costo cercano a 22 mil millones de pesos debido a su estructura jurídica.
También señaló la concesión del servicio de agua, la cual retiró al Congreso la facultad de revisar tarifas y dejó la determinación de costos en manos de una empresa privada, lo que mantiene presiones anuales para los usuarios.
García Parra recordó que recuperar la operación del agua implicaría más de 7 mil millones de pesos, pues el modelo fue diseñado para impedir su terminación sin un costo elevado para el erario.
En ese contexto, cuestionó la postura reciente de legisladoras de Movimiento Ciudadano, al señalar que su partido votó originalmente a favor del esquema que entregó el servicio de agua a particulares.
