El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez, reveló que los operativos de alcoholímetro se convirtieron en una “caja chica” para varios municipios de Puebla. Señaló que las revisiones dejaron al descubierto un esquema recaudatorio que operaba bajo el pretexto de sancionar a conductores.
De acuerdo con el funcionario, la dependencia detectó múltiples irregularidades durante los operativos municipales. Entre ellas, presuntas extorsiones y cobros indebidos que colocaban a los ciudadanos en situaciones de abuso.
Sánchez explicó que esta red de prácticas irregulares ha frenado la instalación de nuevos puntos de control. Aseguró que, en algunos ayuntamientos, la resistencia a coordinarse con el estado deriva de la pérdida de ingresos generados por estos operativos.
El titular de Seguridad insistió en que el alcoholímetro debe tener un propósito preventivo y no recaudatorio. Subrayó que la intención real es reducir accidentes y no utilizar los dispositivos como herramienta para obtener recursos.
También indicó que el número de denuncias por extorsión sorprendió a la autoridad estatal. Por esa razón, se decidió pausar varios operativos mientras se revisan protocolos y se corrigen fallas en su operación.
Sánchez adelantó que la reactivación de los alcoholímetros dependerá de una coordinación estricta con la Secretaría de Movilidad. El objetivo es reinstalar los puntos de revisión bajo reglas claras, supervisión constante y sin oportunidad para nuevos abusos.
