La crisis política en el municipio mixteco de Acatlán de Osorio obliga a una atención inmediata de las autoridades locales, y las federales, por el tipo de denuncias que de buena o mala fe se hicieron públicas, no sólo por la corrupción, sino la presencia del crimen organizado.
Es urgente la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para fiscalizar el gasto del presupuesto anual por la presidenta municipal morenista Guadalupe Bárcenas.
De manera paralela, el Congreso del Estado dominado por el partido oficial Morena, debe atender con criterios jurídicos la procedencia de la solicitud de revocación de mandato.
La mayoría de los diputados locales deben actuar con la misma prontitud como ocurrió en cinco municipios donde revocaron el mandato a ediles y procedieron a instalar concejos municipales.
El caso de Acatlán adquiere un mayor foco de interés debido a la denuncia hecha por la destituida alcaldesa morenista Bárcenas, al revelar presuntas amenazas de muerte en su contra, y denunciar a sus detractores con presuntos vínculos con el grupo criminal Los Rojos, del estado de Guerrero.
La acusación de la munícipe es grave porque la hace en el contexto de la defensa del secretario de Seguridad Pública municipal, el teniente de la Marina, Juan Alberto Domínguez López, destituido por el Cabildo, militar con quien sostiene una doble relación: en calidad de funcionarios públicos municipales, y sostener un vínculo personal como pareja sentimental.
Si la presidenta municipal de Morena denunció la presunta intervención de células del grupo criminal Los Rojos, Guadalupe Bárcenas y su secretario de Seguridad Pública, Domínguez López, saben o sabían de la presencia del grupo delictivo ¿por qué no lo habían denunciado y actuado en consecuencia?
La desprestigiada cúpula de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) está obligada a someter a una investigación al teniente de la Marina, tanto por involucrar su responsabilidad en seguridad pública con una relación sentimental con Bárcenas, como por su actuación en seguridad pública omisa frente a la presencia de la delincuencia.
Esa relación personal del militar con la alcaldesa motivó interviniera indebidamente haciendo uso de la palabra para defender a la alcaldesa en la sesión del Cabildo, sin tener facultades legales.
Pero no sólo ha hecho el secretario de Seguridad Pública actos ilegales, sino que utilizó a personal de Marina a su cargo, como policías preventivos, para detener a una de las manifestantes y repeler a un grupo de ciudadanos que protestaban afuera del Palacio Municipal de Acatlán de Osorio.
El teniente de la Semar con funciones de mando policial en Acatlán, Juan Alberto Domínguez López, y la presidenta Guadalupe Bárcenas, deben ser investigados por la presencia en ese municipio mixteco de grupos criminales que proceden del estado de Guerrero.
El experto en temas del crimen organizado, David Saucedo, en una entrevista con TeleFórmula, reveló que la Mixteca poblana es base de resguardo de células de la delincuencia organizada del estado de Guerrero, con operaciones en Acatlán de Osorio e Izúcar de Matamoros.
Saucedo, consultor en temas de seguridad pública, informó que los líderes del crimen organizado en Guerrero, expandieron sus actividades delictivas en la Mixteca poblana y fijaron su residencia con sus familias en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla desde donde dirigen las operaciones criminales en Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio.
Deben comparecer ante la FGE y la FGR el teniente de la Marina Juan Alberto Domínguez López y Guadalupe Bárcenas respecto a la presencia de células de delincuencia organizada guerrerense, que utilizan Acatlán como resguardo y centro de operaciones delictivas.
Domínguez López fue enviado por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo del vicealmirante Francisco Sánchez.
El mando estatal policial aparece en selfies tomadas por Bárcenas a bordo de un vehículo particular, publicadas en la red social Facebook en la cuenta de la excéntrica alcaldesa de Morena.
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