Luego de las inconformidades expresadas por representantes de funerarias de la capital poblana debido a las restricciones y dificultades para realizar trámites registrales, el Gobierno de Puebla acordó instalar una mesa de trabajo para atender sus demandas y revisar el procedimiento de entrega de formatos de actas de defunción.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el subsecretario de Desarrollo Político, Rodolfo Huerta Espinosa, encabezó una reunión con representantes del sector, en la que reiteró que la administración estatal privilegiará el diálogo y el cumplimiento de la legalidad para resolver las diferencias.
Durante el encuentro, el funcionario señaló que no se permitirán actos de corrupción ni deficiencias administrativas en los cinco juzgados del Registro Civil. Asimismo, indicó que las posibles irregularidades denunciadas por los inconformes serán investigadas por las autoridades correspondientes.
Como parte de los acuerdos, se programó una nueva reunión para el próximo miércoles 18 de noviembre en Casa Aguayo, donde se analizarán las peticiones de los propietarios de funerarias y se establecerá un plan de acción para atender la problemática.
En ese encuentro también se explicará el procedimiento para la entrega de formatos de actas de defunción, con el objetivo de transparentar su distribución y evitar posibles prácticas irregulares.
La reunión se produce después de que representantes de alrededor de 30 funerarias se manifestaran en las inmediaciones del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, donde denunciaron limitaciones en la cantidad de trámites que pueden realizar y retrasos en la expedición de documentos necesarios para los servicios funerarios.
Los inconformes señalaron que estas dificultades afectan la atención a las familias que requieren realizar inhumaciones, cremaciones o traslados de personas fallecidas.
Con este acuerdo, el Gobierno estatal busca establecer mecanismos de atención para el sector y garantizar que los servicios del Registro Civil se realicen con oportunidad, transparencia y certeza jurídica para la población.
