La defensa del abogado y defensor de derechos humanos, Alejandro Martínez Martínez, denunció que, desde el martes 8 de septiembre, se recrudecieron los tratos crueles, inhumanos y degradantes que enfrenta en el penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con un boletín difundido por sus representantes, al defensor de derechos humanos Martínez se le ha impedido injustificadamente salir de su celda y se le ha reducido la ración alimenticia, al punto de proporcionarle únicamente tres tiras de salchicha con agua como alimento durante un día. La denuncia agrega que se toman fotografías de vasos y platos vacíos para simular que recibe alimentos, cuando —según los defensores— esto no ocurre.

El documento señala además que, de manera diaria, entre tres y cuatro custodios realizan cateos en su celda, indicando que, al parecer, actúan por órdenes del gobierno estatal, mientras —según la defensa— lo amenazan con causarle daño a él y a sus familiares. También se le estaría racionando el agua, impidiéndole realizar su aseo personal desde el 10 de septiembre, además de negarle acceso a papel, lápiz y a la biblioteca.

La defensa sostiene que estas condiciones constituyen tratos inhumanos y castigos físicos y mentales, prohibidos por las leyes nacionales e internacionales, y contrarios a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

Asimismo, afirma que se incumplen las medidas de protección emitidas por la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, derivadas de una investigación abierta por presunta tortura contra Alejandro Martínez.

Ante ello, los representantes legales exhortaron a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Puebla a verificar las condiciones de reclusión del abogado, con el objetivo de garantizar un trato digno.

Según el comunicado, ya existe una queja registrada con el folio 000173/2026.

Los defensores señalaron también que la CNDH rechazó la queja presentada por la presunta detención arbitraria y tortura de Alejandro Martínez, pese a que —de acuerdo con el documento— existe registro de la participación de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ante esta decisión, la defensa presentó un escrito solicitando la reconsideración de la respuesta correspondiente al folio 80809/2026.

Proceso penal: audiencias rechazadas y reprogramadas

La defensa de Alejandro Martínez denunció, además, prácticas dilatorias y obstaculización del proceso penal por parte del Poder Judicial, la Secretaría de Educación y la Fiscalía General del Estado de Puebla. La primera solicitud de audiencia fue rechazada el 12 de septiembre, por lo que los defensores presentaron una nueva solicitud el 14 de septiembre.

Esta segunda solicitud fue admitida por la jueza Liszet del Carmen Fuentes Trueba, del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, quien citó a audiencia para el martes 15 de septiembre a las 10:00 horas. Sin embargo, según el boletín, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Educación, como partes acusadoras, no se presentaron a la hora señalada pese a haber sido notificadas.

Por ello, la audiencia fue reprogramada para el jueves 17 de septiembre a las 15:00 horas, mientras Martínez permanece recluido en el penal de San Miguel. El documento también señala que la jueza amenazó con revocar a los defensores particulares de Martínez, pese a la oposición del propio acusado.

El Centro de Derechos Humanos “José Revueltas” sostiene que estos hechos evidencian que la acusación por la presunta autoría intelectual del delito de despojo y el proceso iniciado contra Alejandro Martínez son de índole política y criminalizan la protesta social.

La organización denuncia, asimismo, que, presuntamente, el Gobierno de Puebla viola sistemáticamente los derechos humanos y el debido proceso, como represalia por el ejercicio del derecho a defender derechos, de asociación y de manifestación de las ideas.