Los que se vendieron como un movimiento de la esperanza de México contra la corrupción, a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, son campeones en la opacidad. Presumió el fundador de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, barrer la corrupción, como se hace con las escaleras, de arriba abajo, porque no eran iguales a los gobiernos del pasado.
Pero instalados en el poder, a partir de 2018, el obradorismo empezó a desmantelar los organismos autónomos e instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para gobernar en la opacidad.
Para garantizar la permanencia de los candados de la opacidad en el ejercicio gubernamental, se apoderaron del Poder Judicial Federal para blindar las acciones de gobierno, para nunca perder un caso en tribunales.
Los casos de investigaciones judiciales a gobernantes relacionados con los vínculos con la delincuencia organizada no fueron la excepción.
La cancillería mexicana reservó por cinco años toda la documentación relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador por esa entidad, Enrique Inzunza Cázares, divulgó Reforma en su edición digital.
La opacidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de los vínculos del gobernador y funcionarios de Morena con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, y el contenido de la solicitud de detención provisional con fines de extradición para comparecer a una Corte de Nueva York, estarán bajo llave.
Esta medida de ocultar la información contradice el compromiso de transparentar para abatir la corrupción, y por otro lado les impide a los ciudadanos verificar si en efecto, como lo sostiene el gobierno de la república que el gobierno de EU no aportó pruebas para extraditar a Rocha Moya y a sus nueve colaboradores.
Las comunicaciones entre los gobiernos de México y EU por el caso Rocha que reservó a cinco años, se suman a los más de 18 mil expedientes con distintos niveles de reserva, es una cifra variable y acumulativa.
Entre los casos más destacados de información clasificada o reservada durante este periodo bajo el argumento de seguridad nacional u otros motivos figuran las bitácoras de vuelo relacionadas con la captura de Ovidio Guzmán, el uso de aviones y helicópteros de la Marina y la Guardia Nacional, e informes sobre el operativo conocido como el culiacanazo.
Además, aparecen expedientes relacionados con vacunas e insumos de salud que incluye las inoculaciones contra el COVID-19 y la operación de la Megafarmacia del Bienestar.
Tiene a reserva por cinco años proyectos de infraestructura, incluidos los contratos, peritajes y costos financieros del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Los contratos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) con las empresas proveedoras del software de espionaje Pegasus y los informes y operaciones de inteligencia de agentes de la CIA en México y las bitácoras de eventos políticos y funcionarios.
El periodista Ricardo Alemán enumeró entre otros expedientes en reserva por cinco años el de la SCT se los audios del accidente de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle.
Las grabaciones de la comunicación de radio entre la torre de control y el helicóptero en el que viajaban la gobernadora y su esposo el senador, reservados hasta el final del sexenio de López Obrador.
La Defensa clasificó como información reservada, durante cinco años, todo lo relacionado con el diseño, construcción, operación y finanzas del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AIFA), y reservó también por 5 años el informe del vuelo de la aeronave militar de Evo Morales a México para darle asilo político, entre otros expedientes.
Esa es la opacidad del régimen que esconde todo, lo mismo en la asignación de contratos de obra a empresas favoritas, que las indagatorias judiciales por presuntos vínculos de gobernantes con la delincuencia organizada.
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