Luego de un largo debate de 14 horas en el que afloró la descalificación, las agresiones e insultos de grueso calibre, la Cámara de Diputados aprobó en las primeras horas de este jueves el Plan B de la reforma electoral en lo general y particular.
Con el aval de la mayoría oficialista y sus aliados, se establece una reducción en el costo de ayuntamientos y congresos locales, además de prohibir que consejeros y magistrados electorales perciban una remuneración superior a la de la Presidencia de la República.
El bloque mayoritario sostiene que la reforma permitirá optimizar recursos públicos y eliminar gastos innecesarios. En contraste, la oposición advierte que los cambios podrían debilitar la autonomía del árbitro electoral y abrir la puerta a controversias legales.
Luego de aprobar el Senado el nombramiento de Roberto Velasco como el nuevo titular de la Cancillería, no solo concreta un trámite político y administrativo.
Con la ratificación de Roberto Velasco, se reconfigura el equipo presidencial frente a las presiones cada vez más fuertes del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y en vísperas de iniciar con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Aunque Velasco es un personaje cercano a Washington, también ya ha levantado varias críticas de la oposición.
En San Lázaro, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, calificó de inconstitucional la resolución de la Suprema Corte para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial, mientras el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, soslayó los cuestionamientos a la decisión de los ministros que a su juicio busca combatir el crimen organizado y el “lavado” de dinero.
“Me parece que es imposible compartir la definición que ha tomado la Suprema Corte de Justicia. Bloquear o inmovilizar las cuentas sin que haya una resolución judicial, claramente viola la Constitución”, acusó.
En el entorno regional, por más que lance guiños al gobierno federal, más de un morenista de Sinaloa, asegura que se le complica el panorama al senador de Morena, Enrique Inzunza, para competir por la gubernatura de Sinaloa, ya que más de uno afirma que ese camino se busca lo ocupe una mujer.
Al norte del país, PRI lleva mano en congreso de Coahuila. A dos meses de que se realice la renovación de cargos en el Congreso de Coahuila, una encuesta reveló que la coalición PRI-UDC sostiene la ventaja sobre Morena y aliados en 10 de los 16 distritos.
Los principales aliados de Claudia Sheinbaum buscan normas más estrictas para las elecciones judiciales de México, aun cuando ella defiende la reforma aprobada por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que abrió los tribunales a jueces que consideran no aptos para el cargo.
Javier Corral, presidente de la Comisión Judicial del Senado, y Alfonso Ramírez Cuéllar, subcoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, declararon que planean proponer cambios menos de un año después de que México celebrara sus primeras elecciones judiciales, como parte de una reforma del Poder Judicial aprobada en 2024.
Los cambios buscan elevar los estándares que los candidatos deben cumplir para poder presentarse a las elecciones, una medida que, según afirman, pretende revertir lo que los críticos consideran una tendencia de errores vergonzosos por parte de jueces inexpertos que están ahuyentando las oportunidades de negocio.
Los legisladores también quieren posponer en un año las próximas elecciones judiciales, previstas para 2027. “Lo cierto es que un grupo de candidatos no aptos fueron elegidos”, dijo Corral.
“Debe haber un proceso para corregir la reforma judicial y garantizar un proceso de selección mucho más eficaz, competente y transparente”, agregó.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó un amparo emitido por un juez civil que Ricardo Salinas Pliego interpuso en contra de Morena y de su dirigente, Luisa María Alcalde, para suspender un spot televisivo, debido a que el juzgador no cuenta con facultades para ordenar esto.
Este amparo ordenaba bajar el spot televisivo de Morena denominado Por el bien, por acusaciones falsas en contra del presidente de Grupo Salinas.
El proyecto que fue aprobado señala que el recurso es invalidado debido a que no tiene efectos en materia electoral, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) es el único que puede ordenar suspensiones de este tipo.
“La actuación del juez civil es una invasión a la esfera competencial del INE en materia de administración de tiempos en radio y televisión, la cual incluye las facultades para ordenar la suspensión del material pautado”, señala.
Además, determinó que Morena y Luisa María Alcalde Luján no tienen la obligación de acatar esta sentencia por parte de un juez civil.
