El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, analiza llevar a tribunales a la empresa Agua de Puebla, tras detectar presuntas irregularidades en el servicio que presta en la capital. Entre los principales señalamientos se encuentra el cobro por procesos de potabilización que, de acuerdo con la administración estatal, no se realizan conforme a lo establecido.
El mandatario indicó que actualmente se integran pruebas y documentación para sustentar la denuncia, con el objetivo de proceder legalmente contra la concesionaria.
Asimismo, cuestionó el origen de la concesión del servicio, al considerar que fue otorgada bajo un esquema que prioriza la operación comercial, lo que —dijo— ha derivado en deficiencias en la atención a usuarios y en la calidad del suministro de agua.
Mientras se avanza en la vía legal, el gobierno estatal impulsa proyectos de saneamiento en el río Atoyac y el lago de Valsequillo, como parte de una estrategia para mejorar la gestión hídrica en la entidad.
Estas acciones se alinean con la política nacional enfocada en la recuperación de cuerpos de agua y el fortalecimiento del acceso a servicios básicos.
