Los gobiernos siguen siendo reactivos ante tragedias o desastres naturales.
Improvisan medidas correctivas, son ocurrentes o aplican paliativos ante falta de planeación y políticas públicas preventivas.
Ocurre también los servicios de salud pública; son más costosos los tratamientos correctivos porque no se invierte en programas de salud preventiva.
Dos accidentes mortales ocurridos en la vía Atlixcáyotl obligó a las autoridades a sancionar a los vehículos automotores con placas de circulación foráneas que rebasen los límites de velocidad en diferentes vialidades, incluido el circuito “ecológico” Periférico.
El gobierno encargado de regular el tránsito vehicular -estado y municipios- creen que con esa medida pondrán freno a los arrancones para evitar tragedias como en la vía Atlixcáyotl.
Una primera ocurrencia -al calor de la improvisación – fue legalizar los arrancones ofreciéndole a estos automovilistas irresponsables – a cargo de los contribuyente- construir una pista propia para estas estupideces.
Es tanto como legalizar el consumo de drogas ¿por qué no hacer legales los “picaderos” en barrios, fraccionamientos, antros y centros recreativos?
Así ocurrió con los propietarios de vehículos automotores, muy simple, para evitar ser multados por exceder los límites de velocidad en diferentes vías donde se aplican fotomultas, entonces acuden a emplacar en estados vecinos como Tlaxcala, CdMx, Edomex a emplacar.
Se trata de la misma cultura de gobernantes y automovilistas de buscar la manera de violar los reglamentos viales, poniendo en peligro la seguridad de peatones y otros automovilistas.
¿Dónde radica la omisión de los gobiernos -por ejemplo- en poner freno a quienes rebasan los límites de velocidad?, en la falta de presencia de operativos de vigilancia vial.
Las fotomultas están concebidas como negocio privado y fuente de ingresos del gobierno, no para evitar accidentes o fomentar la cultura vial; por ello, no hay operativos que inhiban las altas velocidades, porque favorecen la recaudación con las fotomultas dejando se ensarten los automovilistas.
Pero también son omisiones conscientes de planeación clasista como ocurrió en la vía Atlixcáyotl.
Eliminaron las autoridades los pasos y semáforos peatonales para favorecer a los pudientes habitantes del sur la ciudad capital de residencial exclusivo La Vista y el “Infonavit de los ricos” de Lomas Angelópolis.
La cultura de darle poder y espacio a los automotores, por encima de los derechos de peatones y ciclistas, está alejada de una planeación armónica y de convivencia, con un costo es muy alto porque aumentan las pérdidas humanas. Deben revertir la “autopsita”.
Lo mismo ocurre con los motociclistas, por las constantes violaciones a los reglamentos de tránsito de conductores y la falta de normas que impidan la venta indiscriminada de esos vehículos que se han convertido en transporte seguro a la muerte, lo mismo a gasolina que eléctricas.
Pero lejos de resolver el problema de fondo, la diputada con licencia Laura Artemisa Chávez García tuvo la brillante ocurrencia y creencia de que son vehículos culpables de la comisión de delitos como asaltos y homicidios dolosos, e improvisó la “ley casco”.
No solo se equivocaron al creer que disminuiría la incidencia delictiva criminalizando a los motoristas y obligándoles a portar en casco y chalecos matrícula de circulación.
No regularon el uso de esos vehículos homologando reglamentos en la ciudad capital y municipios conurbados, y ese yerro legislativo elevó la mortandad por accidentes viales en motocicletas y automovilistas, superando las muertes viales a homicidios dolosos que pretendían disminuir con la “ley casco”
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Face: Pablo Ruiz Meza
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