El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, afirmó que las reformas enviadas al Congreso forman parte del cumplimiento a un acuerdo nacional para fortalecer la seguridad pública. Señaló que los estados están obligados a homologar sus leyes.
Explicó que, debido a más de 50 cambios, se optó por una nueva Ley de Seguridad Pública del Estado. También se plantearon ajustes a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Fiscalía para empatarse con lo aprobado a nivel federal.
Sobre el Mando Único, pidió no confundir la figura legal con una intervención automática del Estado. Subrayó que solo se activaría si un municipio lo solicita y que la reforma solo da certeza jurídica al procedimiento.
García Parra insistió en que el objetivo es asegurar que los servicios de seguridad continúen sin interrupciones en caso de que las autoridades locales requieran apoyo. Añadió que todo quedaría documentado para evitar opacidad.
En cuanto a los escoltas para exgobernadores, desmintió versiones que atribuyen al gobernador Armenta la restitución de ese servicio. Recordó que la ley vigente desde hace 13 años permite solicitar seguridad personal mediante escrito.
Precisó que la única modificación planteada es ajustar el lenguaje para incluir a cualquier ex titular del Ejecutivo. Dijo que será el Congreso quien determine la versión final de las reformas.
