A unos días de la celebración de los siete años del arribo del movimiento obradorista al gobierno de la república, el régimen y la oposición endurecen sus posturas. La marcha de la Generación Z con la demanda de la revocación de mandato se transformó en una manifestación de referéndum callejero por el asesinato del alcalde Carlos Manzo y el cúmulo desaciertos en la conducción del país.
Se cumplirán 15 días de la marcha del bloque opositor, y el gobierno mantiene el debate buscando a los autores de una resunta conjura contra el gobierno de la 4T, como si se trata de una conspiración, y no un derecho de la oposición de capitalizar la creciente inconformidad.
El oficialismo ha sobredimensionado la presencia en las calles de grupos de la sociedad, con el derecho de manifestarse, pero el gobierno ha optado por criminalizar y condenar el derecho de manifestación, como lo hacían Morena -antes PRD- y partidos aliados.
El simple hecho de ser oposición al gobierno da una ventaja enorme, como la tuvieron en Morena para acceder al poder de manera legítima, y ese mismo derecho de la oposición a la 4T de pelear y ganar las calles, es también legítimo y derecho constitucional.
Es una equivocación del gobierno de la supuesta “izquierda” perseguir a los opositores judicializando la marcha del 15 de noviembre, y emprender una pesquisa desde el Congreso de la Ciudad de México, para dar con los organizadores de la marcha de la Generación Z.
Como lo hizo Morena y el resto de los partidos de oposición al régimen del PRI, cualquier movilización requiere de gastos y financiamiento, como ellos lo hicieron para ser gobierno; entonces, ¿dónde está el delito?
El gobierno enfrenta dificultades para dirigir el país, y la oposición está en su derecho de hacer los señalamientos de los errores, porque se vive en una democracia, y las expresiones de criminalizar la protesta son signos inequívocos de totalitarismo.
Los oficialistas han convocado desde la presidencia de la república a una reunión masiva de desagravio el 9 de diciembre, por los reclamos opositores manifestados el 15 de noviembre; la diferencia entre el oficialismo y la oposición radica en el uso del dinero público para movilizar a millares.
El oficialismo venía arrastrando desde el verano una serie lastres relacionados a la corrupción por la penetración del crimen organizado en las fuerzas armadas e instituciones públicas.
Las expresiones más evidentes son los casos del huachicol fiscal y la interrupción de hidrocarburos, así como la relación de La Barredora con el gobierno morenista de Tabasco.
En ese verano negro del 2025 aparecieron también los lujos, excesos y rasgos claros de enriquecimiento de figuras prominentes de Morena, empresarios beneficiados con la asignación directa de obras, y el acelerado aumento de la deuda pública.
A la estructura gubernamental y partidista no le había ido bien con la elección judicial; la instrumentación del corporativismo con el uso de acordeones para designar jueces, magistrados y ministros, empezaron a mermar la credibilidad de la 4T-Morena.
Pero el quiebre del régimen de la 4T no inició con los yerros del gobierno del segundo piso de Claudia Sheinbaum Pardo, sino con la intervención del gobierno de los Estados Unidos contra el tráfico de drogas, incluido el fentanilo, así como de migrantes.
Desde el inicio del gobierno de Sheimbaum, con la irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca, la presidenta perdió la agenda de gobierno y en la relación bilateral, sometida por la extorsión de imponer aranceles, a cambio de aplastar a los cárteles mexicanos.
Uno de los síntomas de que no todo va bien en la llamada Cuarta Transformación es el indicador negativo en crecimiento económico, que con suerte ha librado el riesgo recesivo duro.
