Este martes comenzó el juicio contra los presuntos responsables del homicidio del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, asesinado el 23 de mayo de 2023 en el fraccionamiento Agua Blanca, ubicado en Tehuacán. El proceso avanzó tras meses de espera y reactivó la exigencia de justicia de su familia y de colectivos que defienden la libertad de expresión, quienes piden total claridad y respeto a los derechos fundamentales durante todo el juicio.
La audiencia inicial estaba prevista para el 30 de octubre, pero fue reprogramada para esta fecha. En la sala, Diana Luisa Ramírez, hija del periodista y abogada, señaló lo que considera un trato diferenciado hacia los acusados. Dijo que las autoridades han cancelado audiencias sin explicación y que esto afecta el acceso a la verdad. Su postura fortaleció el reclamo de la familia, que insiste en que el expediente debe ser revisado por completo para evitar cualquier omisión. Aseguran que la carpeta de investigación contiene más de 50 pruebas, entre peritajes, videos y testimonios.
La Fiscalía General del Estado informó que ejercitó acción penal contra los imputados y que reunió indicios que apuntan a su participación en el crimen. La dependencia confirmó la detención de Jesús Armando, conocido como El Güero, identificado como uno de los hombres que habría intervenido en el ataque. En informes anteriores, la Fiscalía señaló que hay al menos otro implicado, quien presuntamente ayudó al agresor a escapar después de los hechos.
Colectivos de periodistas y organismos de derechos humanos pidieron al tribunal evitar retrasos y actuar sin influencias que puedan afectar el proceso. La Red de Periodistas Puebla llamó al Poder Judicial a guiarse por la legalidad y a mantener un trato equitativo para todas las partes. Su posicionamiento se sumó a los pronunciamientos que surgieron desde que se dio a conocer el homicidio.
Marco Aurelio Ramírez contó con más de tres décadas de trabajo en medios de Tehuacán y también tuvo experiencia en la administración pública. Su asesinato impactó a la comunidad informativa de Puebla y encendió alertas sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo en zonas con presencia del crimen.
Tras el ataque, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió una investigación firme y anunció que seguirá de cerca el caso. Para la familia, el inicio del juicio marca un paso importante para exigir responsabilidades y avanzar hacia la verdad en un expediente que lleva más de dos años sin resolución definitiva.
