Un notificador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) acudió a mediados de febrero de 2025 al fraccionamiento Rincón de las Lomas, en Cuajimalpa, para entregar seis mandamientos de ejecución de embargo a nombre de Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Los documentos reclamaban el pago de 1,117 millones de pesos, correspondientes a cinco pliegos de responsabilidades administrativas emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por presuntos desvíos ocurridos hace más de una década en el esquema de corrupción conocido como La Estafa Maestra.
Pese a los años transcurridos, el SAT no ha logrado hacer efectivo el cobro. El caso de Zebadúa se suma a decenas de procedimientos similares iniciados por la autoridad fiscal en los principales casos de corrupción del país, donde la reparación del daño sigue pendiente.
De acuerdo con expedientes internos del SAT y resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno federal reclama actualmente más de 8 mil millones de pesos a empresas y exfuncionarios involucrados en tres de los mayores casos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: La Estafa Maestra, Odebrecht y las empresas fantasma de Javier Duarte.
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