El ejercicio del periodismo en México se ha convertido una profesión de alto riesgo, debido principalmente al recrudecimiento de la violencia ligada a la delincuencia, y ésta, vinculada con gobernantes de los tres órdenes de gobierno.
Este fenómeno se agravó durante el régimen de la llamada Cuarta Transformación, principalmente por los ataques de odio y discriminación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Las consecuencias han sido graves para medios de comunicación y los periodistas no alineados con el oficialismo, no solo con el retiro y boicot publicitario, sino con la censura y persecución encubierta y directa.
Grupos de interés en los estados, entre autoridades y delincuentes, persiguen y eliminan a reporteros y realizan ataques a instalaciones de medios de comunicación, como un recurso extremo de censura.
El costo ha sido muy alto para el gremio periodístico porque fueron asesinados 47 periodistas en el sexenio de AMLO; de los 168 comunicadores privados de la vida en México de 2000 a 2024; 156 son hombres y 12 son mujeres, durante los sexenios que le
antecedieron.
El año más letal fue 2022, con 13 asesinatos, mientras que los estados del país más violentos fueron Sonora, con 7 casos; y Veracruz, con 5.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad del CPJ de 2023, México está en el séptimo sitio entre los países con mayor número de asesinatos de periodistas sin resolverse.
En Puebla fueron asesinados tres periodistas: en Tehuacán, el 14 de noviembre de 2012 el reportero freelance, Adrián Silva Moreno; y el 23 de mayo de 2023 el decano del periodismo Marco Aurelio Ramírez Hernández; 15 de septiembre de 2016, Aurelio
Cabrera Campos, de El Gráfico de Huauchinango.
Pero lo mismo matan la libertad de expresión y libertad de prensa las balas asesinas que la censura oficial.
Gobiernos morenistas impulsan reformas a la legislación federal y en los estados para censurar a la prensa; otros, demandas penales y civiles contra comunicadores para acallarlos.
Así ocurre con la gobernadora en el estado de Campeche, la expriista y actual militante de Morena, Layda Sansores San Román, quien utilizó al Ministerio Público y al Poder Judicial para imponer un “censor” de contenidos digitales al periodista Jorge Luis González Valdez.
Además la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, aprobó medidas más drásticas y violatorias de las garantías constitucionales al prohibirle al comunicador hablar de la gobernadora Layda Sansores, quien lo demandó por el presunto delito de odio.
Un representante del Tribunal Superior de Justicia intervendrá como “supervisor” para conocer y deberá aprobar, antes de publicarse, el contenido de las notas y comentarios de González Valdez.
La intervención judicial de la plataforma digital la determinaron la juzgadora, en apoyo a las peticiones del asesor jurídico de la mandataria, Miguel Oliver Huchim Ortiz, así como la representante del Ministerio Público, Jenny Clarivel Nah Mendieta.
Al periodista González Valdez le ordenan “abstenerse de actuar, declarar u opinar sobre Layda Sansores, y de no escribir ni publicar imágenes que a ella se refieran”.
El medio digital Tribuna Campeche y el comunicador censurado por la vía judicial rechazaron las medidas anticonstitucionales y optaron por no publicar nada en tanto la ley mordaza de Layda Sansores esté vigente.
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