Jubiladas y jubilados de la Universidad Autónoma de Puebla pidieron a las autoridades universitarias, a las laborales y al Infonavit, respectivamente, la nivelación salarial, de las pensiones, pago del 5% al Fondo de Vivienda y mejoras en los servicios de salud. En documento presentado este lunes 14 de julio ante un tribunal laboral, establecen que los salarios y las pensiones se ubican por debajo del salario mínimo constitucional.
De acuerdo con el documento presentado ante el juzgado laboral del Poder Judicial, hay trabajadores activos y jubilados de la BUAP con salarios inferiores a lo establecido en el artículo 123 de la Constitución, por lo que piden una nivelación.
A partir del 1 de enero de 2025, expusieron, el salario mínimo general se fijó en $278.80 pesos diarios, equivalente a $8,364.00 pesos mensuales.
Respecto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), refieren que desde 1980, mediante cláusulas firmadas en los respectivos contratos colectivos la universidad debió destinar el 5% de la nómina al fondo de vivienda.
Se apoyan en su petición a la jurisprudencia 2a./J. 25/2022 (11a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce la procedencia del pago retroactivo del 5%.
Aclaran que esto aplica aun y cuando ya no subsista el vínculo laboral, siempre que se acrediten la relación de trabajo y la omisión de aportaciones.
La UAP, en respuesta oficial con folio 210447924000480, informó que han aportado al Infonavit entre 2020 y 2024 por 49 millones 103 mil pesos, solo a una parte del personal.
Al respecto al Infovanit, mediante el oficio DR/VIII/GRF/SSV/196/2025, confirmó que solo 37 de las 285 personas que promovieron la demanda tienen registros de aportaciones patronales.
Respecto a los servicios médicos, señalan un deterioro estructural, afectando de forma directa nuestra salud y bienestar.
Entre otras deficiencias señalan la escasez de medicamentos básicos; la reducción del cuadro médico; la falta de especialistas, y citas espaciadas entre 6 y 12 meses; además, el uso de servicios subrogados de alto costo y baja calidad.
