Habitantes del municipio de San Miguel Xoxtla declararon preso político a Renato Romero Camacho, detenido por la Fiscalía General por los presuntos delitos de “daños en propiedad privada y despojo”. Respaldan a Romero Camacho como defensor del agua, y denuncian que el gobierno de la 4T de Alejandro Armenta Mier criminaliza la lucha social por el conflicto relacionado con obra hidráulica del Sistema Operador de Agua de Puebla (Soapap) a favor de Agua de Puebla.
En un comunicado de prensa, los asesores jurídicos rechazan las acusaciones contra Renato Romero y denuncian una violación al debido proceso.
Reiteran su postura de rechazo a la privatización del agua a favor de la empresa Concesiones Integrales SA de CV, propietaria de la razón social Agua de Puebla, y piden la inmediata libertad del “defensor de los recursos naturales”.
Esta detención, subrayan en el comunicado, se “interpreta como un acto de represión política destinado a desmovilizar a quienes luchan por el derecho humano al agua”.
En Puebla, añadieron, se profundiza un “modelo de despojo de los bienes naturales que prioriza intereses empresariales sobre el interés público”.
Lejos de atender el gobierno estatal el reclamo legítimo de la comunidad —preocupada por el abatimiento de los niveles de agua y el derecho prioritario de las y los habitantes de Xoxtla— afirman que se recurre a procesos penales que buscan ejemplificar y generar miedo, fragmentando la capacidad organizativa de los pueblos.
Señalaron que Renato Romero es ampliamente conocido por su trayectoria en defensa de los bienes naturales, el territorio y el derecho humano al agua, tanto en Puebla como en Veracruz.
En este sentido, aseguran que la detención —bajo argumentos jurídicamente cuestionables— parece orientada a enviar un mensaje de intimidación y castigo a las comunidades que ejercen su legítimo derecho a defender el acceso al agua.
Con la detención contra el defensor del agua, a quien declararon preso político, la autoridad criminaliza la lucha social y vulnera el principio constitucional de participación ciudadana (artículos 6º y 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y “representa un atentado contra la libertad de expresión y de organización de los pueblos para proteger los bienes naturales”.
En el documento de prensa enviado a diferentes medios de comunicación, integrantes de la comunidad de San Miguel Xoxtla rebaten las contradicciones y anomalías jurídicas en la detención de Renato Romero, a quien ubican como un luchar social defensor del agua.
Responden a la acción judicial de la Fiscalía General para la detención de Romero por su probable responsabilidad en los delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado, con motivo de los hechos ocurridos el 28 de mayo de 2025 en ese municipio.
Precisan que el pozo número 4 no es propiedad de la empresa Agua de Puebla, sino un bien público de carácter municipal.
Apoyan la afirmación en lo establecido en el respectivo convenio identificado con el número 135, firmado el 27 de julio de 2023 entre el ayuntamiento anterior de Xoxtla, Agua de Puebla, Soapap y la Secretaría de Gobernación estatal.
Puntualizan que en mencionado convenio se señala expresamente que el 50% de su capacidad corresponde a la población del municipio de Xoxtla.
Por tanto, afirman, resulta jurídicamente improcedente calificar como “daño en propiedad ajena” acciones de defensa comunitaria respecto de infraestructura municipal destinada al abasto de agua para la colectividad.
Al argumentar las inconsistencias en la imputación de despojo agravado, refieren que la FGE menciona que Renato Romero “estaría en posesión del predio desde el 28 de mayo”.
Sin embargo, rebaten, “la propia autoridad reconoce que la detención ocurrió en la colonia Granjas Puebla, de la ciudad de Puebla, lo que hace incompatible la figura típica de despojo, que exige la posesión material actual del bien presuntamente usurpado”.
Esto constituye una contradicción evidente entre los hechos narrados por la Fiscalía y los requisitos legales del tipo penal previsto en el artículo 333 del Código Penal del Estado de Puebla, declaman a la Fiscalía encargada de la procuración de justicia.
Respecto a la identificación de los participantes, la FGE afirmó que “alrededor de 30 personas intervinieron en la protesta”.
Resulta altamente improbable que la parte denunciante cuente con la identificación completa, con nombres y apellidos de todas ellas, especialmente en un contexto de manifestación colectiva nocturna y multitudinaria, sin pruebas objetivas y consistentes que garanticen la certeza de la imputación, recriminan a la FGE en defensa de Romero Camacho.
Esta situación compromete gravemente el debido proceso, ya que la acusación colectiva carece de elementos individualizadores válidos en términos probatorios, acotaron en el documento de la argumentación jurídica y social en el conflicto por el agua en Xoxtla.
Con estos argumentos, representantes legales y sociales del municipio de San Miguel Xoxtla hicieron un llamado al gobierno a la reflexión y exhorta a la Fiscalía General del Estado a respetar el derecho de la comunidad a la defensa del agua y su territorio.
Piden además se garantice el debido proceso de Renato Romero Camacho y se respete la presunción de inocencia, pero fundamentalmente se evite el uso del sistema penal como herramienta de represión de luchas sociales legítimas por la defensa de recursos naturales.
Aclaran que organizarse para defender el agua no es un delito, por lo que reiteran su postura de rechazo a privatizar el agua, y apelan a la carta magna para que la gente participe en las decisiones del territorio y el uso de los recursos naturales como el agua.
