El gobierno de Claudia Sheinbaum ha reiterado que México “no es piñata” del gobierno de Estados Unidos, y que la postura es “coordinarse”, no “subordinarse” al vecino país del norte. La presidenta puede declarar lo que guste y mande, pero la agenda la impone el gobierno republicano de Donald Trump, y este no anda pidiendo ni permiso ni coordinación.
Quien impone la agenda mediática y en la relación bilateral México-Estados Unidos es Donald Trump, y obliga al vecino país del sur a cumplirla.
La lucha contra el tráfico de fentanilo y otras drogas, además del combate al tráfico de migrantes, obligó al gobierno de Sheinbaum a sellar con militares la frontera norte y sur de México, a desmantelar narcolaboratorios y combatir a los cárteles mexicanos.
Con capos del narco en su poder que se han acogido al programa de colaboración con el gobierno de EU, el nuevo escándalo es el lavado de dinero de los narcos en bancos y casas de bolsa mexicanos como Vector, CI Banco, Intercam y otros.
Del destacamento de 10 mil militares mexicanos en la frontera norte para frenar la migración, fue una orden impuesta por el gobierno de EU en su lucha contra el fentanilo.
En esa estrategia del gobierno estadounidense contra el tráfico de personas y de drogas a la Unión Americana, obligó al gobierno mexicano emprender una batalla contra los cárteles mexicanos ligados a la producción y tráfico de drogas sintéticas.
Fue así como el gobierno de Sheinbaum acató la exigencia estadounidense de combatir a los cárteles, posterior a la orden ejecutiva de Trump de declarar como organizaciones terroristas internacionales a los cárteles de Sinaloa, CJNG, Familia Michoacana, Cárteles Unidos y del Golfo.
Empezó entonces el desmantelamiento de narcolaboratorios fabricantes de fentanilo en varios estados del país, incluidos Puebla y Tlaxcala, donde están involucrados el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
Esta operación de combate a la delincuencia, exigida por el gobierno de Estados Unidos, llevó al gobierno mexicano a destapar toda una red delincuencial ligada al huachicol fiscal alimentada por los huachicoleros, son operaciones simuladas de exportación e importación de combustibles.
Agentes de la DEA fueron los principales colaboradores directos para ubicar los narcolaboratorios donde se producía fentanilo, e hizo lo propio el Departamento de Estado para desmantelar el huachicol fiscal.
Estas acciones contra actividades ilícitas exigidas por el gobierno de EU, llevaron al superpolicía de la 4T, Omar García Harfuch, a exhibir la existencia de una “mini” refinería de combustible en Coatzacoalcos, Veracruz, municipio y estado dominado por el crimen organizado, con la complicidad de los gobiernos de Morena.
La última alerta del gobierno de EU fue del Departamento del Tesoro, quien exhibió a seis bancos mexicanos relacionados con el lavado de dinero de cárteles mexicanosvinculados a la producción de fentanilo.
Entre estas financieras destaca Vector Casa de Bolsa, del empresario regiomontano Alfonso Romo Garza, exconsejero presidencial con Andrés Manuel López Obrador.
En una primera postura del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rechazó los señalamientos del Departamento del Tesoro de EU, exigiendo “pruebas, no sólo dichos”, postura que repitió Sheinbaum al abogar por los bancos acusados.
Horas después, las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenaron una intervención gerencial de CI Banco, Intercam y Vector, para atender el veto de EU de impedirles realizar operaciones financieras por estar relacionados el lavado de dinero.
El gobierno de Donald Trump tiene la sartén por el mango al tener en juicios a diferentes capos de la delincuencia organizada que han firmado acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia para disminuir sus penas de prisión o librar la pena de muerte.
Ismael “El Mayo” Zambada y los narcojuniors del Cártel de Sinaloa hijos de “El Chapo” Guzmán, se han acogido al programa de colaboradores y han entregado información al gobierno de EU.
La aportación de datos de los testigos colaboradores está minando actividades criminales que involucra a gobernantes mexicanos e instituciones financieras ligadas al lavado de dinero.
Con estas acciones contra el crimen, el gobierno de EU cierra la pinza contra las figuras relevantes de la narcopolítica en México, y los gobernantes de la 4T tendrán razones de sobra para estar muy nerviosos en las acciones de Donald Trump.
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