Donald Trump, presidente de EU, y Justin Trudeau, ministro de Canadá, cerraron la pinza a los cárteles mexicanos al designarlos también este último como “terroristas”. La postura de Canadá pone contra las cuerdas a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no recibió -obviamente- la disculpa por la acusación del republicano de liderar un “narcogobierno”.
La orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a las exportaciones de México y Canadá fue una medida, como ocurrió con Colombia, para doblar a Sheinbaum y Trudeau.
Ambos países socios comerciales de EU en el T-MEC son tratados con la punta del pie, y humillados para convertirse en el brazo armado de Trump para sellar las respectivas fronteras con 10 mil militares.
Es una orden del gobierno estadounidense a México y Canadá para enviar a las respectivas fuerzas castrenses para impedir el tráfico de fentanilo y otras drogas.
Los socios comerciales le hacen el trabajo sucio al gobierno de Trump, mientras éste no mueve un dedo para frenar el consumo de drogas interno y detener a los capos estadounidenses que controlan la venta.
Trump le ha tomado la medida al gobierno mexicano emanado de la 4T; durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador le ordenó el envío de 20 mil militares a la frontera sur para la contención castrense de los migrantes de Centro y Sudamérica, así como del Caribe.
Acorralada por EU y Canadá, que han designado como “terroristas” a los cárteles mexicanos, el Gobierno Federal, y en particular los gobernadores, deben hacer algo más que entonar el Himno Nacional y envolverse en la Bandera -como lo hizo el diputado morenista Ricardo Monreal-.
GOBERNADORES, LOS DESLINDES Y LA LIMPIEZA QUIRÚRGICA
Los gobernadores, si quieren contribuir con la presidenta Sheinbaum en el cumplimiento de resultados en materia de seguridad con el ultimátum de un mes acordado con el presidente Donald Trump, deben dar resultados inmediatos con una cirugía mayor.
Con reloj en mano -hablemos de Puebla- el secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal, el vicealmirante de la Marina, Francisco Sánchez González, así como los 23 elementos de la Secretaría de Marina y Armada de México (Semar) designados en el mismo número de municipios, deben dar resultados en 30 días en la entidad.
Las corporaciones policiacas están obligadas a detener en el estado a los líderes de los cárteles nacionales en Puebla, principales generadores de violencia, incluidos los huachicoleros, así como desarticular las estructuras de los grupos criminales.
VICEALMIRANTE: DE LA DECLARACIONITIS A LA ACCIÓN EFECTIVA
El vicealmirante -a bote pronto en una conferencia de prensa mañanera, sin ser parte de la presentación de una estrategia- se puso la cuota al “revelar” la existencia de más laboratorios para producir drogas sintéticas, como el intervenido por el Gobierno Federal en un operativo simultáneo en los estados de Puebla y Tlaxcala, operados por el Cártel de Sinaloa, la facción dirigida por Ismael Mario Zambada García.
Sánchez González, el militar de la Marina titular de la SSP estatal, se puso la vara muy alta y presumió, como una declaración de prensa, la presencia de siete grupos del crimen organizado en el estado desde 2018.
El vicealmirante identificó el asentamiento de las organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, “La Barredora”, la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los tres primeros dedicados al comercio de drogas y otras actividades ilícitas como secuestro, extorsión y asesinatos, precisó el funcionario público.
Casualmente, por tratarse de los principales delitos, no reveló la identidad del resto grupos de la delincuencia organizada, entre estos los llamados huachicoleros y huachigaseros, que tienen a la entidad en los primeros lugares del robo de combustible en los ductos de Pemex.
Extrañamente también, en declaraciones banqueteras a la prensa, el vicealmirante Sánchez González aseveró que la SSP estatal cuenta con indicios de la existencia de más “narcolaboratorios” de drogas sintéticas en municipios poblanos colindantes con el estado de Guerrero.
Pues si el jefe policiaco del estado, el militar naval Francisco Sánchez, revela con esa ligereza información delicada -solo por declarar a la prensa- sin formar parte de una estrategia integral, lo obliga a dar resultados inmediatos, por el bien de la presidenta Sheinbaum.
El vicealmirante Sánchez deberá concentrarse en las labores propias de su encargo porque emitir declaraciones a la prensa puede acarrearle problemas de interpretación, como ocurrió en el Palacio Municipal de la ciudad de Puebla donde aseguró que “no hay secuestros en el estado, sino solo retención de personas (Sic)”.
Veremos cuántos líderes criminales caerán en el estado, y cuántas bandas serán desarticuladas, para aportar la cuota exigida a México en 30 días como parte del acuerdo con el presidente de EU, Donald Trump en la pausa para evitar la aplicación de aranceles.
FENTANILO Y OTRAS DROGAS EN MÉXICO, POR SELLAMIENTO DE FRONTERA NORTE
El peso internacional de las afirmaciones de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá al designar a los cárteles mexicanos como “terroristas”, dejan al gobierno de la 4T de Claudia Sheinbaum Pardo en una situación muy delicada frente al mundo, amén de la acusación de “narcogobierno”.
El estigma de estar aliado el gobierno de la Cuarta Transformación con los cárteles de la droga, solo se eliminará con acciones inmediatas de una gran operación nacional de limpieza, con la captura de los principales líderes y el desmantelamiento de los cárteles en los estados.
El gobierno de la 4T.2 deberá luchar con sus propios monstruos tolerados y alentados por la presunta estrategia de “los abrazos y no balazos” con los grupos delictivos durante el gobierno de López Obrador.
Con Sheinbaum se acabaron “los abrazos” al emprenderse acciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch, junto con la Guardia Nacional y las fuerzas castrenses de la Sedena y la Semar.
Empero no son suficientes las acciones ni tienen los alcances exigidos por Donald Trump para cumplir con sus promesas de campaña contra la migración y la introducción de drogas sintéticas.
Particularmente se trata del fentanilo producido en México y traficado a EU por cárteles mexicanos, como siempre lo negó AMLO, pese a lo evidente, como se demostró en Culiacán, Sinaloa (NYT), y la producción de metanfetaminas en un laboratorio en La Calera, en Puebla capital.
La mesa de trabajo con el tema de seguridad en los próximos 30 días anunciados en el impasse por la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar la aplicación de aranceles, es un ultimátum para hacer lo que se omitió en casi seis años del gobierno de López Obrador, lo que se antoja difícil.
Justo en estas fechas, además de la violencia permanente con la comisión de delitos como los homicidios dolosos en varios estados, habrá que sumar recientes ataques propios de grupos terroristas.
Así ocurrió con el reciente ataque con explosivos con el uso de drones contra el general jefe de la zona militar de Chihuahua y su tropa; la colocación de minas en caminos rurales de Michoacán y los atentados con autosbomba en Guanajuato, lo que demuestra la capacidad de fuego similar a grupos terroristas de Medio Oriente.
Con estos indicios, por qué el gobierno del régimen de la 4T se ha negado a declarar como ataques terroristas las acciones criminales de los grupos delictivos en los estados.
Veremos qué ocurrirá en 30 días de plazo impuesto por el presidente Trump a México, y las implicaciones que tendrá la resolución del gobierno de Canadá para designar “terroristas” a los cárteles mexicanos, que tienen implicaciones de acción militar trasnacional al ubicar la problemática en un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos.
Otro de los primeros problemas inmediato para el gobierno de la 4T.2, además de la seguridad pública por los generadores de la violencia, será el tema de la salud pública porque el fentanilo y otras drogas que no ingreses a EU serán distribuidas por el crimen organizado para el consumo en territorio mexicano.
