Los gobernadores y alcaldes durante sus gestiones siempre han negado una y otra vez la presencia del llamado crimen organizado en Puebla, a pesar de los altos índices de violencia que generan por la disputa territorial. Han sido los operativos federales mediante los cuales se captura en municipios de la entidad a capos de la droga y a líderes de importantes organizaciones criminales.
Son varios los ejemplos. El 9 de marzo de 2002, soldados de la XXV Zona Militar detuvieron a Benjamín Arellano Félix en la casa 24 de Villas El Navariego, en la colonia Zavaleta, limítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula.
Ocho años después, en septiembre de 2010, elementos de la Marina detuvieron en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, en Puebla capital, a Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, el segundo mando del identificado por el Gobierno Federal como el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Un helicóptero de la Marina matrícula AMHT 222 sobrevoló el fraccionamiento para dirigir a los infantes a la casa número 2 de la calle Mercaderes; el operativo excluyó a las policías estatales para evitar las filtraciones debido a la protección que brindaban.
EN 2025, OMAR GARCÍA HARFUCH LES ENMIENDA LA PLANA
Se repitió la historia el pasado 26 de enero cuando en un operativo simultáneo en Puebla y Tlaxcala, elementos de la FGE, GN, Marina y Sedena reventaron laboratorios de droga sintética del Cártel de Sinaloa, de la facción de “El Mayito Flaco”, con la detención de 14 delincuentes.
En Puebla capital operaba en grupo criminal en un fraccionamiento de clase media alta en La Calera y Haras del Bosque, para la elaboración de metanfetaminas, según informó el gabinete de seguridad federal.
Durante el operativo decomisaron armas largas, precursores químicos, celulares, diversas drogas y material diversos para elaborar la droga sintética que producían en Puebla y Tlaxcala, estados gobernados por Morena.
Este operativo federal fue dirigido por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, en coordinación con la FGR, Semar, Sedena y GN, sin que fueran avisadas la Policía Estatal y Municipal. La desconfianza en las corporaciones policiales estatales es la razón de no ser avisados del operativo, luego de la indolencia, pasividad, omisión o complicidad de las autoridades locales que siempre negaron la presencia de la delincuencia organizada.
CÉSPEDES Y BARBOSA, SIEMPRE NEGARON LA PRESENCIA DE CÁRTELES
En septiembre de 2024, el gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a tres meses de dejar el cargo, rechazó en Puebla la presencia de cárteles del crimen organizado.
Céspedes contradecía así a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que presentó en esos días el plan de “Estrategia de los Primeros 100 Días” en materia de seguridad pública en México.
El Gobierno Federal señaló en su diagnóstico que Puebla es uno de los estados donde se tiene registro de la presencia de cárteles, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, el gobernador morenista Sergio Céspedes lo negó y desmintió a la jefa de la nación: “Nosotros no tenemos esos datos (…) la entidad se cuenta con una calidad (Sic) diferente a la que no se vive en otros puntos del territorio mexicano”.
Un mes después, en octubre, Céspedes se apresuró a negar, en una entrevista banquetera, que su hermano, el diputado local y líder del Congreso local, Mauricio, estuviera coludido con grupos delictivos, luego de las acusaciones en redes sociales de un presunto delincuente.
Se puede entender ahora una de las razones –confianza– del por qué Sergio Salomón Céspedes Peregrina no ejerció las funciones como comisionado de la Instituto Nacional de Migración (INM) y no contó con el aval del secretario de Seguridad federal, García Harfuch, en la medida que no era funcionario confiable.
Se trata del mismo gobernador sustituto del mismo periodo constitucional iniciado por el difunto gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien mantuvo al mismo titular de la SSP estatal.
SSP ESTATAL: CORRUPCIÓN Y BAJO SOSPECHA DE COLUSIÓN
Daniel Iván Cruz Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, al comparecer el 2 de diciembre de 2024 ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, con motivo de la glosa del informe de Céspedes, aseguró a los diputados que en Puebla no había presencia del crimen organizado.
Cruz Luna dirigió la corporación policiaca durante el barbosismo y lo mantuvo en el cargo Céspedes Peregrina, a pesar de las denuncias de corrupción en la corporación y de presuntos vínculos de mandos y tropa con grupos de la delincuencia.
Uno de los mandos medios de la SSP fue asesinado por un grupo delictivo en el sur de la ciudad, y fue como se hizo público el vínculo de éste y otros agentes policiacos con una banda dedicada al asalto de camiones de carga en las carreteras poblanas.
Otro de los exmandos de la corporación policiaca estuvo involucrado en el secuestro y posterior asesinato de un presunto delincuente que se hacía pasar como “empresario” veracruzano, quien dejó abandonado un auto de lujo propiedad de un exdirector de la SSP, y ese delincuente apareció después asesinado y su cuerpo calcinado al interior de un vehículo incendiado frente a las oficinas del C5 de la SSP.
Fue el gobierno de Luis Miguel Barbosa donde se registró el peor escándalo de corrupción en la SSP estatal, desde los altos mandos, los guardias de acceso al edificio, pasando por la oficina de prensa, que empezó con el chiapaneco Raciel López al frente de la SSP.
El mayor escándalo de corrupción de la SSP estatal en la administración barbosista fue en enero de 2022 por el hallazgo del cadáver de un bebé en uno de los contenedores de la basura del penal de San Miguel, por lo que destituyó el secretario de Seguridad y al director de Centros Penitenciarios.
Fueron destituidos Rogelio López Maya en la SSP y Jorge Gómez Torres, en la dirección de cárceles estatales, y cedió el cargo a Daniel Iván Cruz Luna, como subsecretario de las prisiones, a Jorge Pérez Melchor.
Durante el barbosismo estalló otro escándalo de corrupción en el penal de San Miguel donde existían cuartos de hotel (El Pueblito) controlados por delincuentes presos, que cobraban servicios de estancia para servicios sexuales, el consumo de alcohol y drogas, la prostitución de mujeres presas y las visitas íntimas.
En ese año, 2022, en mayo, el entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta reiteraba de manera “rotunda” la inexistencia en Puebla de cárteles nacionales que controlan la actividad delincuencial en el estado.
Los altos niveles de corrupción en la SSP, admitió entonces Barbosa Huerta, lo obligaron a la desaparición de la Policía Estatal de Vialidad (12 de abril de 2021).
El entonces alcalde consentido de Barbosa en la ciudad capital, el panista Eduardo Rivera Pérez, le hizo segunda en “nado sincronizado” al negar presencia del crimen organizado en Puebla capital.
Son sólo rumores, subrayó el exedil panista, al declarar que el gobierno municipal no daría oportunidad a estos grupos delictivos para que ingresaran a la zona metropolitana.
Pero el hallazgo de laboratorios de drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa pone en evidencia a los exgobernantes y al exalcalde panista, que siempre mostraron indolencia y dejar crecer la actividad de grupos delictivos en el estado.
Con toda esta actividad delictiva en municipios del estado, y los presuntos vínculos de algunas autoridades con la delincuencia, no sería extraño que en Puebla se aplique el “Operativo Enjambre” como el implementado en Edomex, para depurar a las corporaciones policiacas de Puebla.
