El líder estatal del PRD, Carlos Martínez Amador, se lamentó sobre el riesgo de perder el registro como partido político local. La postura pública la asumió al responder a la pregunta expresa de un reportero respecto a los resultados electorales preliminares en la página oficial del IEE de las elecciones del 2 de junio.
Martínez, al parecer, todavía estaba en shock, porque la respuesta no respondía a una explicación autocrítica por el desastre en las elecciones locales en la coalición con el PAN y PRD.
De alguna manera el líder estatal vivía el agobio y el trance porque los resultados electorales federales confirmaban la pérdida del registro nacional del partido del sol azteca.
Dio la cara, pero no tuvo ninguna postura política respecto a la escandalosa derrota en las elecciones locales y federales que sepultaron al perredismo que estaba en extinción.
Pero quien no dio la cara, porque prácticamente se ocultó, fue el exlíder estatal priista y virtual senador por la primera minoría, Néstor Camarillo Medina, quien abandonó en el duelo de la derrota al panista Eduardo Rivera Pérez.
Camarillo será senador por una componenda de las cúpulas partidistas al ser postulado en la primera fórmula al Senado, que no se ganó, ya no digamos por la campaña mediocre que realizó, sino por lo gris de su desempeño.
Néstor Camarillo, junto con Alejandro Moreno, en la negociación con el PAN, se “vendieron” como una fuerza política con más de 600 mil votos, gobernando más de medio centenar de alcaldías y con diputados locales, pero resultaron unos engañabobos.
Sabiendo que el PRI en Puebla se desfondaba porque emigraban gradualmente a Morena, y que culminó con la fuga encabezada por Jorge Estefan Chidiac, el líder del PRI engatusó a la cúpula panista para que le cedieran la primera fórmula al Senado, a cambio de que el PAN se quedara con las candidaturas a la gubernatura y a la alcaldía poblana.
En buena medida el responsable de esa negociación fue el ahora excandidato a gobernador Eduardo Rivera, y la presidenta del CDE, Augusta Díaz de Rivera.
A la pregunta de este reportero a los dirigentes estatales del PAN y PRD, en plena campaña electoral, respecto a qué se podía esperar de un PRI debilitado, ambos coincidieron que el valor de la alianza electoral con los priistas es que la “gente” en Puebla seguía votando por el PRI.
El perredista Martínez y la panista Díaz de Rivera se creyeron el engaño y fueron timados por Néstor Camarillo y Alejandro Moreno, como ya se vio en el resultado de la votación estatal para gobernador, legislativa para las diputaciones federales y locales, así como en las municipales.
Para Camarillo y Moreno, los que perdieron las elecciones en Puebla fueron Rivera Pérez y Riestra Piña, porque el priismo se hizo del escaño en el Senado con la primera minoría, y sin ninguna dificultad el PRI le puede hacer la mayoría calificada a Morena y aliados en la Cámara alta.
Resultado de las malas negociaciones cupulares entre el PRI, PAN, PRD y PSI para acomodar burócratas partidistas, familiares, amigos y amantes, la coalición electoral estaba destinada al fracaso, como se corroboró en las actas de escrutinio por la falta de candidatos competitivos de la sociedad civil.
Los partidos de oposición en Puebla, por lo menos el PAN y PRI que mantendrán su registro, ya no son opción válida para un frente opositor critico frente a la avasalladora fuerza de Morena, nutrido por priistas, aliados permanentes como el PT, y casuales como el PVEM, Panal y FxM.
El PRD y PSI perderán sus registros y les quedan como fuentes de ingresos económicos un par de alcaldías, pero sin ninguna relevancia en la política estatal.
Para sobrevivir, el PAN deberá empezar por relevar a sus dirigentes y reestructurarse, lo mismo se esperaría para el PRI, pero ambos están reducidos a simples franquicias partidistas en Puebla como un negocio familiar, sin mayor trascendencia en la vida política del estado.
Militantes panistas, priistas y perredistas de cepa, honestos y convencidos, tienen la oportunidad de convertirse en una alternativa cívica y empezar un movimiento de contraloría social, sin los lastres de burócratas partidistas que han fracasado como opción democrática en el estado y el país.
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