Tal y como ocurrió con los vecinos de los fraccionamientos adyacentes a la Vía Atlixcáyotl que se opusieron a las obras viales porque obstruyen el acceso a las zonas habitacionales, en el sur de la ciudad crece el descontento por la protección del gobierno al tiradero de escombro antorchista.
Cayeron al vacío las pruebas y escritos presentados ante la autoridad competente por los residentes de La Vista Country Club, quienes documentaron los daños a una barranca en zona federal, en las márgenes del río Atoyac.
El gobierno estatal ha ignorado a los vecinos al hacer caso omiso a los escritos donde le piden intervenga para frenar el daño ambiental en la zona habitacional y en el cauce del Atoyac.
La misma respuesta oficial han tenido los habitantes de los fraccionamientos Rinconada los Arcos I, Rinconada los Arcos II, Rinconada, Cipreses de Mayorazgo, El Saucedal, El Encanto, San José Maravillas, de la Unidad Mateo de Regil, Rincón de los Cipreses y UEMAC.
Los vecinos de la zona afectada por el relleno con escombro y el tráfico de camiones materialistas, por más de tres años, han solicitado la intervención de las autoridades ante el daño ambiental.
Pero también hay hartazgo de los habitantes de la zona ante la negativa gubernamental de atender y resolver la problemática derivada de la comisión de delitos por los antorchistas.
Al daño ambiental por la invasión de la zona federal en el río Atoyac se suma el conflicto jurídico debido a los asentamientos irregulares, porque se han empezado a construir casas irregulares en el terreno invadido con escombro.
Advierten los vecinos del surgimiento de problemas a la salud pública y el latente riesgo de una tragedia al bloquearse el cauce natural del río Atoyac en la zona urbana altamente poblada.
Lamentablemente el gobierno de Sergio Salomón Céspedes se ha mostrado desdeñoso y con temor de poner freno a los diversos delitos cometidos por los dirigentes se esa agrupación, señalada de invadir y despojar de bienes al estado y a particulares.
Pero no sólo ha sido el gobierno estatal el omiso, lo mismo ocurre con el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el municipio de la ciudad capital, los tres órdenes de gobierno que hacen mutis y le otorgan impunidad a los antorchistas.
Casualmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) atiende una petición de la Universidad Metropolitana sobre la existencia de una presunta zona arqueológica en el lugar y le suspende al SOAPAP la introducción de tubos, mientras que a los antorchos les permiten construir. Ninguno de los tres órdenes de gobierno quiere perder el clientelismo electoral y la bolsa de votos que significa Antorcha Campesina, agrupación que tiene a sus candidatos a cargo de elección popular con el frente opositor conformado por PRI y PAN.
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