Reapareció otro más de los políticos perseguidos por el gobierno del morenista Miguel Barbosa Huerta, se trata de José Juan Espinosa Torres. Después de tres años de exilio para evadir la persecución judicial para encarcelarlo, le pone nombres y apellidos a los ejecutores de la persecución: Verónica Vélez Macuil, Francisco Romero Serrano y Teresa Castro Corro.
El ex alcalde de San Pedro Cholula corrió con mejor suerte para evitar la prisión por una venganza política del difunto mandatario estatal Barbosa Huerta.
La gestión de Miguel Barbosa Huerta “fue el periodo gris y muy perverso en el ejercicio del poder público en el estado, pero además el más corrupto”, acusó el ex legislador local con el dedo índice.
Es de los pocos que han hecho señalamientos con la ex director de comunicación social del gobierno estatal, Verónica Vélez Macuil, lo que parece ser la punta del iceberg de una cascada de denuncias contra este siniestro personaje del barbosismo.
Como Espinosa Torres, otros políticos al regresado del exilio obligado para evitar pisar la cárcel por órdenes del extinto gobernado que para ese fin utilizó a la Fiscalía General y a jueces de consigna y a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado.
La lista es larga de ex funcionarios estatales, municipales, políticos opositores, ex presidentes municipales y hasta ex funcionarios del gabinete del desaparecido Miguel Barbosa.
Muchos de ellos han salido de prisión, pero solo el gobierno acusador, la Fiscalía como Ministerio Público y los jueces saben las razones y motivos de encarcelarlos y posteriormente liberarlos, todo en la opacidad.
No hay ninguna transparencia respecto a la acción de la justicia porque una amnistía de facto del gobierno en turno deja más dudas que aciertos respecto a la verdad en torno a las causan y motivos.
En este río revuelto, políticos de todos los signos aprovecharon para negociar la libertad de verdaderos delincuentes como el ex alcalde de Ciudad Serdán, Juan Navarro Rodríguez, que junto con su camarilla de cómplices, saquearon la Hacienda municipal con robos descarados.
Es tal la amnistía decretada desde el gobierno sustituto que este beneficio los extendió a secretarios del gabinete estatal como Teresa Castro Corro, autora del daño patrimonial con el hoyo financiero, incluida la pérdida de 600 mdp en una fraudulenta inversión bancaria.
También fue amnistiada por este gobierno sustituto quien se desempeñará como auditora Superior del Estado, Amanda Gómez Nava, cómplice del daño patrimonial al estado por miles de millones de pesos durante el gobierno barbosista.
