A unos días de la celebración de los siete años del arribo del movimiento obradorista al gobierno de la república, el régimen y la oposición endurecen sus posturas. La marcha de la Generación Z con la demanda de la revocación de mandato se transformó en una manifestación de referéndum callejero por el asesinato del alcalde Carlos Manzo.
El oficialismo viene arrastrando desde el verano una serie lastres relacionados a la corrupción por la penetración del crimen organizado en las fuerzas armadas e instituciones públicas.
Las expresiones más evidentes son los casos del huachicol fiscal y la extracción ilegal de hidrocarburos, así como la relación de La Barredora con el gobierno morenista de Tabasco.
En el verano negro del 2025 aparecieron también los lujos, excesos y rasgos claros de enriquecimiento de figuras prominentes de Morena, empresarios beneficiados con la asignación directa de obras, y el acelerado aumento de la deuda pública.
A la estructura gubernamental y partidista no le había ido bien con la elección judicial; la instrumentación del corporativismo con el uso de acordeones para designar jueces, magistrados y ministros, empezaron a mermar la credibilidad de la 4T-Morena.
Pero el quiebre del régimen de la 4T no inició con los yerros del gobierno del segundo piso de Claudia Sheinbaum, sino con la intervención del gobierno de los Estados Unidos contra el tráfico de drogas, incluido el fentanilo, así como de migrantes.
El combate al narcotráfico de los cárteles mexicanos, declarados organizaciones terroristas internacionales por el presidente Donald Trump, incluyó el desmantelamiento de red de corrupción por colusión de los gobernantes con los narcotraficantes.
Fue en este contexto cómo ocurrió el presunto secuestro del capo intocable en México, Ismael “El Mayo” Zambada, traicionado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en la guerra de venganzas y traiciones entre facciones del Cartel de Sinaloa.
La exhibición del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya en la trama del plagio de Zambada y la alteración de la escena del crimen del ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, aquel 25 de julio de 2024, puso al descubierto el nivel de complicidades.
Desde ese año, al finalizar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con las estadísticas horrenda de homicidios dolosos y el incremento en desapariciones, el oficialismo había perdido la batalla en el campo de la seguridad pública.
Convertida la criminalidad en el talón de Aquiles en el segundo piso de la 4T de Sheinbaum, el gobierno de los EU le impuso la agenda al oficialismo de combate al tráfico de fentanilo, capturar a los narcotraficantes y debilitar a los cárteles mexicanos.
En esa estrategia, el gobierno de Sheinbaum no solo envió militares a las fronteras norte y sur, en las cámaras legislativas consumó la militarización de la Guardia Nacional, y con Omar García Harfuch en la SSPC inició la embestida contra los cárteles.
La intervención de los departamentos de Estado, del Tesoro y de Justicia del gobierno de EU hizo posible poner al descubierto el multimillonario negocio ilícito del huachicol fiscal.
Lo mismo ocurrió con la revelación sobre el lavado de dinero en bancos de empresarios (Alfonso Romo) ligados a AMLO, recientemente en los casinos, así como la cancelación de visas a alcaldes y gobernadores de Morena.
Desde el inicio del gobierno de Sheimbaum, con la irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca, la presidenta perdió la agenda de gobierno y en la relación bilateral, sometida por la extorsión de imponer aranceles, a cambio de aplastar a los cárteles mexicanos.
El régimen de la 4T puede tener un manejo del corporativismo político doméstico con la inyección de casi 900 mil millones de pesos del gasto federal a los Programas Sociales Bienestar.
Uno de los síntomas de que no todo va bien en la llamada Cuarta Transformación es el indicador negativo en crecimiento económico, que con suerte ha librado el riesgo una recesión.
Criminalizar a la disidencia, un signo desafortunado del totalitarismo
Se cumplirán 15 días de la marcha del bloque opositor, y el gobierno mantiene el debate buscando a los autores de una resunta conjura contra el gobierno de la 4T, como si se tratara de una conspiración, y no un derecho de la oposición de disentir y capitalizar.
El oficialismo ha sobredimensionado la presencia en las calles de grupos de la sociedad, con el derecho de manifestarse, pero el gobierno ha optado por criminalizar y condenar el derecho de manifestación, derecho que ejercieron Morena -antes PRD- y partidos aliados.
El simple hecho de ser oposición al gobierno da una ventaja enorme, como la tuvieron en Morena para acceder al poder de manera legítima, y es el mismo derecho de la oposición a la 4T de pelear y ganar las calles, es también legítimo y constitucional.
Es una equivocación del gobierno de la supuesta “izquierda” perseguir a los opositores judicializando la marcha del 15 de noviembre, y emprender pesquisas desde el Congreso de la Ciudad de México, para dar con los organizadores de la marcha de la Generación Z.
Como lo hizo Morena y el resto de los partidos de oposición al régimen del PRI, cualquier movilización requiere de gastos y financiamiento, como ellos lo hicieron para ser gobierno; entonces, ¿dónde está el delito?
El gobierno enfrenta dificultades para dirigir el país, y la oposición está en su derecho de hacer los señalamientos de los errores, porque se vive en una democracia, y las expresiones de criminalizar la protesta son signos inequívocos de totalitarismo.
El oficialismo ha convocado desde la presidencia de la república a una concentración multitudinaria de desagravio por los reclamos opositores manifestados el 15 de noviembre; la diferencia entre el oficialismo y la oposición radica en el uso del dinero público para movilizar a millares.
