El operativo de la Fiscalía General de la República contra el huachicol fiscal en Puebla, que involucra a cuatro gasolineras clausuradas y la detención de 12, no es asunto menor. El hecho es trascendente porque salió a relucir una razón social de una de las empresas gasolineras involucradas por figura entre los socios un familiar directo de un político poblano.
Y no es cualquier político, se trata presuntamente del hijo del expriista, simpatizantes de Morena y exfuncionario estatal, poderoso exdiputado federal y empresario Jorge Estefan Chidiac.
Sin embargo es su hijo el supuestamente involucrado, es mayor de edad y seguramente cuenta con los recursos económicos y un despacho defensor para responder a la presunta vinculación en la red de tráfico combustibles para no pagar impuestos IEPS e IVA.
Pero qué político y familiares de éstos no están relacionados en los negocios de las franquicias de Pemex, en Puebla y en el resto de las entidades.
Las operaciones de compraventa de gasolina robada entre bandas de huachicoleros y empresarios gasolineros, es un secreto a voces, pero ninguna autoridad estatal y federal lo han investigado.
¿Por qué sí realiza operativos en el estado la FGR y la SSPC?, porque se trata de la indagatoria de la red de ventas de combustible “importado” de Texas, EU.
Son hidrocarburos contrabandeado por el crimen organizado e ingresado a México como “aceites” o “aditivos”, pero en realidad era gasolina que no pagó IEPS e IVA, y la vendieron a la red de gasolineros del país.
La investigación federal empezó por la incautación de un buque tanque en el puerto de Tampico, en Tamaulipas, con 10 millones de litros de gasolina que identificaron como huachicol fiscal.
La indagatoria de la justicia federal destapó la cloaca de la corrupción para el huachicol fiscal que involucra a mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México, personal de las aduanas, con presuntos vínculos a figuras públicas del poder político.
El gobierno federal reveló que son hasta la fecha 30 buques tanques que ingresaros a los puertos de Tampico y Altamira, Tamaulipas con el huachicol fiscal; además de lo confiscado en Manzanillo, Baja California y en Coatzacoalcos, Veracruz.
Solo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se contabilizan alrededor de 800 mil millones de pesos de pérdidas al fisco con el huachicol fiscal que no pagó impuestos.
Y el fenómeno del huachicol fiscal no se eliminaría con el cumplimiento del pago de impuestos, sino que se trata de un delito de doble pista, porque se trata de contrabando de combustible del crimen organizado sustraído de tomas clandestinas y de robos a refinerías de Pemex, que enviaban a Texas, para regresarlos como gasolinas “limpias” a la red de distribuidores en las entidades federativas.
Sin embargo, las autoridades locales no han realizado operativos relevantes contra el robo de combustibles a los ductos de Pemex con mayor intensidad desde 2010, sin que Pemex ni las fuerzas armadas hicieran algo al respecto.
Al hacerse de la vista gorda el gobierno federal desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, les endosaron el problema a los gobiernos del estado en la vigilancia y combate a las tomas clandestinas, pese a tratarse de facultades y jurisdicción federal de Pemex-Sedena.
Gasolineros en Puebla han comprado huachicol por la buena o por la mala, y ante la indolencia gubernamental, más de un gasolinero ha vendido lo robado, o de plano los huachicoleros empezaron a comprar franquicias de Pemex a través de prestanombres.
