Con la reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, se abre un nuevo escenario para empresas, profesionistas y organizaciones vulnerables Dio a conocer Berenice Espinoza Moreno, Coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla.
La modificación a la normativa marca un cambio de paradigma en el cumplimiento legal: amplía las obligaciones, refuerza las sanciones y eleva la responsabilidad tanto de las empresas como de sus directivos.
De acuerdo con la especialista, la reforma no solo incrementa la vigilancia de las autoridades, sino que también endurece las consecuencias para quienes incumplan.
Entre los principales riesgos destacan multas millonarias, con sanciones económicas más severas; cancelación de sellos digitales, lo que impediría facturar; responsabilidad solidaria, donde directivos y representantes legales responderán junto con la empresa, así como la perdida de reputación, afectando la confianza de inversionistas, socios y clientes.
Espinosa Moreno explicó que uno de los cambios más sensibles es la introducción de consecuencias penales.
A partir de ahora, quienes entreguen información falsa, alteren documentos o proporcionen datos ilegibles en los avisos obligatorios podrían enfrentar de dos a ocho años de prisión y multas de 500 a dos mil días de salario.
Esto significa que no solo la empresa puede ser sancionada, sino también de manera personal administradores, representantes legales y oficiales de cumplimiento.
Respecto a las nuevas obligaciones, la reforma también detalla nuevas medidas de prevención que deberán adoptarse, tales como identificación reforzada en clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Además, la conservación de información y documentos por mínimo 10 años; la implementación de sistemas automatizados para el control interno; auditorías anuales para revisar el cumplimiento.
Entre otras obligaciones, acreditar las políticas internas de prevención, manuales y programas de capacitación, y supervisión directa de administradores y representantes legales.
En su oportunidad, José Darío Zamorano Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Bienio 2025-2026, expuso que aunque los ajustes representan mayores retos, también ofrecen una oportunidad para fortalecer la cultura de transparencia y elevar los estándares de confianza en el sector empresarial.
“La nueva Ley Antilavado exige un mayor nivel de responsabilidad, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de demostrar compromiso con la legalidad. Cumplir ya no es solo una obligación, sino una estrategia para la permanencia de cualquier negocio”, añadió.
