La democracia electoral ha sufrido un nuevo revés, propinado ahora por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al negarse a indagar el uso de acordeones para la elección judicial federal de junio pasado. Los juzgadores en materia electoral decidieron exigir la carga de la prueba a los ciudadanos respecto a la elección fraudulenta de jueces, magistrados y ministros, al calificar de simples rumores y sin pruebas el uso digital y en papel de acordeones.
Se trata del operativo instrumentado por la estructura organizativa del partido oficial Morena, donde están involucrados recursos públicos de los gobiernos de los estados.
Se trata de dinero público triangulado con particulares para borrar las huellas del origen del financiamiento para inducir el voto en la elección judicial en Ciudad de México.
La queja fue presentada por la asociación civil Proyecto Justicia Común contra Morena y diversos servidores públicos involucrados en la “operación acordeón” derivado de la elaboración y distribución de propaganda electoral, pero el INE decidió no investigar.
El magistrado ponente de la resolución para rechazar se realizará la investigación corrió a cargo de Felipe de la Mata.
Los respaldaron en la sesión de la Sala Superior del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, la magistrada presidenta Mónica Soto y Janine Otálora, con el voto en contra de Reyes Rodríguez Mondragón.
El magistrado ponente afirmó se trató de un “rumor” la existencia de la “operación acordeones” denunciado por los ciudadanos en la queja, sin que aportaran una sola prueba.
El impartidor de justicia descartó admitir la queja porque no exhibieron cheques ni transferencias de recursos avalados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) triangulados con Banca Afirme, como lo acreditó una investigación periodística.
Renunciar a investigar la queja de la sociedad civil, y dejarle los quejosos la carga de la prueba, es una decisión judicial de los magistrados que renuncian implícitamente a sus obligaciones autónomas, para alinearse a la intervención del Poder Ejecutivo y el partido político oficial, Morena, en la inducción del voto en la elección judicial.
De sí, la elección judicial fue un hecho público fraudulento para la designación de jueces, magistrados y ministros por la abierta intervención de los gobiernos de la 4T y el partido político oficial, Morena.
El hecho de la bajísima votación, con menos del 13 por ciento de la participación del padrón electoral, con la anulación de unos tres millones de votos emitidos, que reducen a la elección de juzgadores de una minoría inducida por el voto oficial, además de fraudulenta, constituye una grave regresión en la democracia electoral.
Este hecho contrasta con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de presumir que México es el país más democrático de mundo, define una simulación en la ruta de invadir al Poder Judicial en las futuras sentencias judiciales con “jueces
carnales”.
Con la resolución del TEPJF se suicidó el arbitraje electoral, alienan al INE como brazo de la Secretaría de Gobernación como lo fue el Instituto Federal Electoral (IFE) para prácticas electorales fraudulentas del viejo PRI, y acabar con la división de Poderes, para tener juzgadores dependientes y a la orden de Poder Ejecutivo, federal y en los estados.
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