El presidente del CEN del PAN, Jorge Romero, acudió a la sede de Corte para demandar la derogación de la “Ley Censura” del gobierno morenista de Alejandro Armenta, contenida en el artículo 480 de Cibertasedio del cogido penal de Puebla.
Emplazó a los entrantes ministros de la Suprema Corte de Justicia a superar la primera prueba para saber si están del lado de la ciudadanía o de la clase gobernante.
Acompañado por militantes de su partido ciudadanos y académicos, Romero presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Federación contra la llamada Ley Censura, aprobada recientemente por el Congreso de Puebla, La reforma al código penal en la entidad poblana, explicó, criminaliza a cualquier ciudadano que se exprese en contra del gobernador morenista Alejandro Armenta Mier.
Desde las oficinas del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, el dirigente panista destacó que esta acción, respaldada por más de 8 mil 500 firmas ciudadanas, será la primera prueba del nuevo Poder Judicial: “Nosotros vamos hacer un llamado al Poder Judicial para que se definan, nosotros no los prejuzgamos, nosotros estamos atentos a cómo habrán de juzgar, o defendiendo las libertades de la Constitución o defendiendo al Poder”, sentenció.
Romero también anunció que el PAN promoverá un amparo universal contra las nuevas leyes del espionaje patrimonial —a las que el diputado federal Federico Döring calificó como “bienespiar”—, recientemente aprobadas en el Congreso federal, e invitó a la ciudadanía a sumarse a esta defensa de sus derechos: “Les decimos a los ciudadanos: tú también tienes el derecho de ampararte y de decir ‘me amparo contra esta disposición, a mí no me vas a negar publicar lo que se me antoje’”, expresó.
El presidente del Comité Directivo Estatal de Puebla, Mario Riestra Piña, alzó la voz contra un ordenamiento que vulnera la Constitución y afecta potencialmente la libertad de expresión de los poblanos: “El Partido Acción Nacional seguirá dando la batalla en favor de las libertades y siempre de la mano de la ciudadanía”, afirmó.
En tanto, la secretaria del CDE Puebla, Genoveva Huerta Villegas, reiteró que Acción Nacional seguirá alzando la voz para defender a quienes piensan distinto: “Defenderemos a la ciudadanía desde todas nuestras trincheras, en el Congreso del Estado se defendió el derecho a pensar distinto; desde la Cámara de Diputados alzamos la voz porque nos querían poner a la ciudadanía y a las familias una mordaza; y desde el Senado se exhibe todos los días la vena autoritaria de Morena”, señaló.
El director jurídico del CEN, Santiago Torreblanca, explicó que, de ser admitida y fundada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declarará la inconstitucionalidad del artículo 480 de la Ley de Ciberasedio de Puebla.
Añadió que, en coordinación con el Comité Estatal, se implementará un modelo de amparo a disposición de la sociedad civil y periodistas, que se promoverá en los tribunales locales de manera paralela a la acción de inconstitucionalidad.
El académico Luis Enrique Sánchez, señaló que el artículo 480 no protege a las víctimas, sino al poder, al reintroducir la difamación penal con ambigüedad: “Esta reforma no es compatible ni con el artículo 6º de nuestra Constitución, ni con los tratados internacionales que México ha firmado”, exigió que se declare su inconstitucionalidad para evitar penas de prisión disfrazadas de buenas intenciones.
Por su parte el expolicía cibernético de la SSP, Jesús Alfredo Páez San Martín, advirtió que la Ley de Ciberasedio, por su falta de rigor técnico, puede vulnerar derechos y pidió legislar de manera correcta para proteger a las víctimas de delitos digitales: “Agradecemos el apoyo de la sociedad, de activistas, colectivos y periodistas que se han sumado a esta lucha”, puntualizó.
Acompañaron a Jorge Romero en la presentación el presidente del CDE Puebla, Mario Riestra Piña; la secretaria del CDE, Genoveva Huerta Villegas; el académico Luis Enrique Sánchez; y miembros de organizaciones civiles.
También estuvieron presentes los diputados federales Federico Döring y Kenia López Rabadán, así como los diputados locales Rafael Micalco y Marcos Castro.
