Con la reforma al código penal con la llamada “ley censura” que tipifica como delito el “ciberasedio” y lo castiga con tres años de cárcel, el grupo en el poder político, comete el mismo error del año 2005 con el caso de la periodista Lydia Cacho, encarcelada por ejercer la libertad de expresión.
La llamada “ley censura” cocinada desde las entrañas del gobierno del Cuarta Transformación, para ser instrumentada por diputados de Morena y aliados, corresponde al espíritu de formación política autoritaria del viejo régimen del PRI.
La mayoría de los integrantes de los Poderes del Estado conocen los vericuetos del desenfreno de la libertad de expresión, porque siguen pagando las consecuencias por la detención de la escritora y periodista, como la diferencia de que ahora sí legislaron cómo acotar la libre manifestación de las ideas.
La periodista Lydia Cacho, perseguida y encarcelada por el gobierno de Mario Marín, es el referente para la vendetta con la elaboración del artículo 480 del código penal, en el paquete de reformas para sancionar los ciberdelitos para “darle un coscorrón” a la libertad de expresión, principalmente a los periodistas, a la prensa digital y a las redes sociales.
La mayoría del actual gobierno estatal de la 4T y de los diputados son expriistas, vienen de ese regimen alérgico e intolerable a la libertad de prensa en Puebla.
No es casualidad que el autor y promotor de la reforma al código penal para tipificar el ciberasedio para criminalizar la libertad de expresión sea el jefe de gabinete estatal y diputado con licencia, José Luis García Parra, sobrino del exgobernador Mario Marín.
De tratarse de un demócrata, en el supuesto -sin conceder- de que estuviera “ajeno” a la iniciativa de reforma al código penal, el gobernador debió aplicar la facultad de veto a la “ley censura”.
Es poco creíble entonces que el mandatario desconociera la promoción de la enmienda para introducir el ciberasedio en la tipificación de los ciberdelitos.
En opinión de expertos en comunicación digital y abogados expertos en temas de derecho penal, la redacción de la enmienda al código penal, además de dispersa, carece de técnica jurídica elemental.
La redacción para tipificar los ciberdelitos, o se hicieron sobre las rodillas o refleja la calidad y capacidad de los legisladores responsables de elaborar y reformar leyes en el Congreso del Estado.
No debe extrañar tampoco la simulación en la orden al Congreso local de realizar foros y mesas de diálogo para conocer la opinión de la sociedad, ante una ley consumada.
El exhorto años foros de consulta es kafkiano, en la medida que la reforma al código penal sobre ciberdelitos fue aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado, y por lo tanto vigente a partir del 16 de junio.
A esta simulación de “consulta” postreforma a la que convocó la lideresa del Congreso de mayoría morenista, Laura Artemisa García Chávez, se sumaron algunos trabajadores de medios afines al gobierno de la 4T.
Puebla, como lo fue en el sexenio de “góber precioso”, volvió a ser tema de interés nacional en redes sociales y en los medios de comunicación convencionales, por el carácter regresivo de una legislación que limita y criminalizar la libertad de expresión.
La “ley censura” es un nuevo escándalo mediático nacional que pone al Puebla en la lupa por el autoritarismo, lo que motivó la reacción presidencial contra la censura, pero pese a ello, hay una resistencia a derogar la reforma al código penal.
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